El segundo intento del Gobierno por lograr sus metas económicas contempla acciones que no se aplicaron antes de enviar el proyecto de Ley urgente que fue archivado. 

Entre la amenaza de una nueva paralización de parte del movimiento indígena y la resistencia de los asambleístas a aprobar un proyecto grande e inconsulto, el Gobierno amplió la mesa de diálogo y, con ello, las posibilidades de consenso. 

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Más allá de la resistencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tres hechos marcaron este giro político del régimen. 

El primer hecho se relaciona con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Esta organización sindical advertía con otra movilización para octubre, que fue suspendida luego de que el Gobierno dijera que no dialogará con esta amenaza y del pedido de otras entidades. 

Superado el impase, los dirigentes del FUT se sentaron en un salón de Carondelet con el presidente Lenín Moreno y otros funcionarios. 

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El segundo hecho se relaciona con los indígenas.  Si bien la Conaie no ha asistido a las convocatorias en Presidencia desde los hechos de octubre, Moreno y parte de su gabinete sí han dialogado con organizaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el  Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas (Feine). 

Estas dos agrupaciones no han llegado a acuerdos concretos aún, pero están abiertos. 

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El tercer y último hecho que marca el cambio es la reunión con los coordinadores o jefes de todas las bancadas legislativas. Al término de la misma, todos dijeron que están abiertos a dialogar y a analizar la nueva propuesta y  eso, para el Gobierno, ya representa un avance, frente al primer archivo. 

“Fue un acierto (la reunión), me parece positivo que estas reuniones se mantengan no solamente para fortalecer el procesamiento de leyes, sino también la gobernabilidad dentro del país”, dijo Ximena Peña (AP), coordinadora de la bancada oficialista. 

Además, el Gobierno ha segmentado su propuesta económica-productiva, así como los tiempos de envío, pese a los plazos que establece la Carta de Intención firmada con el Fondo Monetario Internacional

Decidió esperar para emitir un nuevo decreto de eliminación de subsidios y focalizado (luego de que había emitido un decreto eliminándolos por completo), decidió no enviar las reformas laborales dentro del primer proyecto urgente y decidió enviar un nuevo proyecto enfocado solo en lo tributario e incentivos. 

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El exvicepresidente de la República León Roldós  considera que la reunión con los jefes de bloque es muestra de “transparencia” del Gobierno y se está bajando la presión en el país, pues el contenido del proyecto contempla alternativas de pago a gobiernos seccionales y otras entidades a las que se adeuda, y eso es interesante. 

En tanto, el exasambleísta César Montúfar expresa que el Gobierno tiene que recuperar la iniciativa política, articulando todos los frentes y con una estrategia global para todos los temas. “Hasta ahora, el manejo político del Gobierno ha planteado iniciativas que han fracasado, en el caso del decreto y la ley, aisladas de un conjunto, y creo que ahí es donde está el problema”, agregó Montúfar. 

Gustavo Isch, consultor político, cree que el Gobierno ha corregido errores después de octubre, generando espacios de diálogo antes de tomar decisiones. “Veo que el Gobierno está trabajando en una relación directa con los movimientos sociales, para establecer medidas que permitan bajar tensiones y crear un ambiente de gobernabilidad mínimo”. (I)