Cubrir las protestas en contra de las medidas económicas fue una guerra de nervios. Durante los once días de manifestaciones hubo reporteros agredidos por policías, indígenas, correístas, activistas, en la calle y en las redes... Por unos o por todos, con golpes que llegaron, incluso, desde el mismo gremio.

El 3 de octubre, primer día del paro de los choferes, un piquete de policías pateó en el suelo al fotógrafo Julio Estrella (El Comercio), mientras sus compañeros intentaban ayudarlo. De nada sirvieron los gritos de ¡somos de la prensa, miren las credenciales!

El 7 de octubre, cuando la movilización indígena empezaba, la reportera Andrea Orbe y su equipo (TVC) no pudieron emitir su informe desde la comuna de San Miguel del Común. Los manifestantes los insultaron, golpearon y quitaron los celulares hasta borrar fotos y videos.

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Ese mismo día, por la tarde, el presidente Lenín Moreno canceló una rueda de prensa en Carondelet y, enseguida, los militares, sin explicación alguna, desalojaron a la prensa.

La multitud avanzaba. Una vez en la calle, los reporteros, acorralados por vallas metálicas de un lado y la fuerza pública del otro, concluyeron que se habían quedado sin garantías y que debían correr.

A esas alturas del paro, decenas de periodistas tenían que guardar sus credenciales y esconder sus micrófonos. En el parque El Arbolito, una mujer reconoció al periodista Francisco Garcés (Ecuavisa); se le acercó al oído y le dijo “tienes dos minutos para salir de aquí o te reventamos”.

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El 10 de octubre, la dirigencia de la Conaie “invitó” a los periodistas al ágora de la Casa de la Cultura para mostrar a siete policías retenidos, pero terminó obligándolos a transmitir en vivo sus intervenciones y a permanecer allí “de manera voluntaria”, rodeados por una nutrida guardia nativa para evitar su salida. Si alguno necesitaba el baño, solo podía ir escoltado. Algunos reporteros insistieron en salir y lo hicieron –como lo señaló el propio presidente de la Conaie, Jaime Vargas– “bajo su riesgo”. Fue el caso de Freddy Paredes, quien a dos cuadras del ágora de la Casa de la Cultura recibió un piedrazo en la cabeza que casi lo mata.

Y el 12 de octubre, día en que el mandatario ordenó el toque de queda en la capital, las instalaciones de Teleamazonas fueron atacadas y destruidas por decenas de personas que participaban en las protestas; además hubo un intento de tomarse diario El Comercio.

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Un día después el personal de Ecuavisa en Quito tuvo que desalojar su sede tras recibir varias amenazas.

Durante los once días de movilización, Fundamedios registró 135 periodistas y 17 medios de comunicación atacados.

Las agresiones –físicas, verbales, impedimentos de cobertura, daño de equipos– provinieron de manifestantes, de la fuerza pública y de ciudadanos sin identificar.

La “prensa militante” –que se cubrió bajo el concepto de comunicación comunitaria– se escapa del registro.

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Ana Acosta, editora de Wambra Medio Digital, que se convirtió en el mayor canal de difusión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), niega que se haya sesgado su cobertura y responsabiliza a “varios medios digitales, creados hace una semana o un mes” de lanzar consignas contra otros periodistas.

Para el fotógrafo Diego Pallero (El Comercio), la radicalización profundizó el caos. “Hay gente apasionada, fanatizada. No entiende razones y, con tal de defender su batalla, culpa a los periodistas”.

El 13 de octubre, cuando la violencia y los extremismos se habían tomado la protesta, Irina Jaramillo, de diario Qué, se sentía indignada. En la universidad en la que se graduó como comunicadora hace dos años no le permitieron hacer su cobertura y cuando salió a la calle una turba casi la atropella. Y bueno, ¿a favor de quién estás, del Gobierno o de los indígenas?, le pregunté. “Pues de nadie, soy periodista”.

¿Es posible informar sin tomar partido? Claudia Roura (Ecuavisa) cree que sí, aunque reconoce el peso de la campaña contra los periodistas exacerbada por Rafael Correa, primero en su mandato y ahora desde las redes sociales.

“Hay que bajar tensiones y buscar el equilibrio, no más violencia. Para nosotros, la prensa, una cosa está clara y es simple: quienes quieran hacer política, que se hagan políticos; quienes quieran hacer periodismo, que hagan periodismo”.

Comité no funciona

El Comité de Protección de Periodistas –integrado por instancias gubernamentales– aún no ha aprobado los protocolos de seguridad que se planteó como objetivo principal en su lanzamiento, en abril pasado. Su última reunión fue en junio y tampoco ha aprobado el reglamento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que el Estado debe “proporcionar la seguridad a periodistas y comunicadores..., así como garantizar que estos no sean detenidos, amenazados, agredidos, o limitados...”. (I)