El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, advirtió que el Ejecutivo no cederá a presiones ni condiciones como pedidos de renuncia del gobernador de la provincia del Carchi, y que para el gobierno no se justifica ninguna la medida de hecho. 

Lamentó que pese a un diálogo mantenido la semana pasada con el prefecto de la provincia, Guillermo Herrera, se haya tomado la decisión de ir a una paralización. Dijo que el gobierno está cumplimiento con todas las provincias, pero que no se puede hacer diferenciaciones adicionales como las que ya se han hecho para el Carchi, como la canasta transfronteriza y la eliminación del anticipo del impuesto a la renta que se hizo al inicio de 2019.

El segundo mandatario indicó que las autoridades de esa provincia tomaron un camino equivocado y anticipó que se tomarán medidas para que funcionen los servicios públicos y que harán respetar la ley.

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La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lamentó que las autoridades de la provincia impidan que sus ciudadanos trabajen y produzcan. Dijo que pidió a los miembros de la policía a no caer en provocaciones para no confrontar con los ciudadanos.

La paralización de actividades no es una medida para buscar más trabajo, añadió Romo, quien dijo que el Gobierno siempre está dispuesto a dialogar y a encontrar las mejores soluciones a los problemas, que incluye a Carchi.

Explicó a la prensa que el Gobierno ha dado paso a algunos requerimientos como las contribuciones tributarias especiales, reglas para el anticipo del impuesto a la renta en la provincia y la canasta transfronteriza. Dijo que hay un cupo de $20 millones para los comerciantes del Carchi para que puedan utilizar en la canasta transfronteriza y que al momento solo se ha usado medio millón de dólares, lo demás está disponible, aclaró.

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Romo comentó que hay otros pedidos que se plantean por parte de la asamblea provincial que son “irreales o imposibles de cumplir”, por ejemplo, una asignación de $250 millones, para temas de agua potable, cuando esa competencia del gobierno municipal. Pero en realidad ese pedido se refiere a una cifra que el gobierno destina para 220 municipios del país, y que es imposible que el gobierno lo destine solo para seis municipios, sentenció. (I)