‘Frustración’ en Gobierno por atrasos en Comisión de Expertos Internacionales de lucha Contra la Corrupción en Ecuador

El Gobierno de Ecuador demandó a la oficina en Quito de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la “pronta activación” de la siguiente fase en la constitución de la Comisión de Expertos Internacionales de lucha Contra la Corrupción en Ecuador (Ceicce).

El lunes pasado, el jefe de la diplomacia ecuatoriana, José Valencia, remitió al coordinador residente de la ONU en Quito, Arauld Peral, una carta en la que se expresa incluso su “frustración” porque “pese a hacer su parte, incluyendo la provisión de fondos suficientes para el arranque de la Comisión, situaciones fuera de su alcance han impedido que hasta la fecha dé inicio la Fase II”, refiere el oficio gubernamental.

Dicha fase corresponde a asesorar en “actividades específicas” a las instituciones encargadas de investigar y sancionar hechos de corrupción.

La comisión se constituyó por decreto ejecutivo del presidente Lenín Moreno, el 13 de mayo de 2019, que designó como ‘consejeros presidenciales’ a los extranjeros Stacy de la Torre, Nicolás Rodríguez, Claudia Escobar, Vladimir Aras y Carlos Hernández.

Ellos debían estar por 90 días en el cargo y se prorrogaron por un tiempo similar. Aunque este 13 de noviembre vencerá ese plazo y deberá seleccionarse a nuevos comisionados.

Peral confirmó que faltaba que las autoridades ecuatorianas y de la ONU ratifiquen el estatuto y establezcan la vía jurídica para el funcionamiento de la comisión. Estimó que a finales de este mes, se concretaría el proceso.

Sin embargo, el canciller Valencia objetó en la carta –a la que tuvo acceso este Diario– que “los problemas se han suscitado por las discrepancias personales y profesionales”, entre la delegada de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en Quito y los expertos; y por la “disconformidad” de estos últimos con el proyecto para el manejo del $ 1 millón que asignó el Estado a la comisión.

El canciller solicitó a Peral que para “destrabar” el asunto sean los comisionados la “instancia superior” de la comisión y que puedan resolver cosas administrativas y económicas; y que la Secretaría Técnica solo ejecute las disposiciones.

También que los honorarios para los expertos se fijen con base en el estatuto; pues en este momento ellos “tienen reparos al monto salarial que se les asignaría”, pues lo consideran “ajeno al nivel de responsabilidades”. (I)