Petroecuador, Odebrecht y SK son los mayores acreedores de Refinería del Pacífico

Las empresas Odebrecht y South Korea Engineering & Construction Co. Ltd (SK) constan entre los 31 acreedores que tiene la Refinería del Pacífico , compañía de economía mixta que está en proceso de liquidación. Las empresas fueron contratadas, en su orden, para remoción de suelo y construir el acueducto que transporta agua cruda desde la presa de La Esperanza en el cantón Bolívar hasta Manta; y para realizar estudios ambientales y de ingeniería conceptual. Según el informe de acreencias cortado al 5 de junio, entre ambas empresas reclaman pagos por unos $ 59 millones: Odebrecht exige $ 14’743.247,12 y SK $ 44’288.622. En el registro de acreencias de la refinería en liquidación se señala que “SK realizó una acción por incumplimiento contractual, cuyo trámite recayó en el Tribunal Contencioso Administrativo del distrito Metropolitano de Quito y fue signado con el número 17811-2017-00517. El estado actual de dicho proceso es de la audiencia preliminar…”. Pero no son los únicos que reclaman acreencias millonarias de acuerdo a ese registro. Otro de los reclamos es el de la empresa Worley Parson , que se adjudicó un contrato por unos $ 200 millones para hacer una consultoría para el proyecto. Pide $ 35’475.035,50. Otros pedidos, señala Christian García, liquidador de la Refinería del Pacífico, vienen de empresas de transporte de agua, alimentos y hasta de los dueños de los terrenos. A partir del 6 de junio de este año, señala García, se inició el proceso de calificación de acreencias que culminó el 28 de agosto anterior; estas serán analizadas en la unidad administrativa financiera de la empresa en liquidación y en la Procuraduría General del Estado para verificar si las cifras exigidas en los reclamos de acreencias tienen asidero o no. En total, los reclamos de las 31 empresas y personas que son acreedores de la refinería suman $ 1.099’053.386,59. El mayor acreedor es Petroecuador con $ 1.001’488.455,9. “El siguiente paso es establecer un nuevo balance. Nosotros presentamos un balance inicial de cómo recibimos la compañía, con la presentación de las acreencias y su calificación tenemos la obligación de presentar uno nuevo y estamos trabajando en ello, y se estima que la próxima semana se presente este balance”, indicó García. El funcionario encontró en los libros de la compañía en marzo pasado –cuando se inició el proceso de liquidación– que en activos tenía $ 1’368.000 y en pasivos $ 1’061.500. Durante el llamado a acreedores, la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), accionista del 49% de la compañía mixta, no se presentó; pero dentro de las cuentas por pagar se indica que ellos tienen una acreencia de $ 3 millones. García indica que aún mantienen relaciones y comunicaciones formales, incluso se han reunido con delegados de PDVSA y se les ha informado del avance de la liquidación. El liquidador dijo que una vez presentado el nuevo balance se emitirá una resolución para fijar el orden de prelación para cancelar las deudas. El plazo fijado para la liquidación fenece en diciembre próximo, pero García reconoce que hay varios casos judiciales pendientes de resolución en contra de la Refinería del Pacífico, y que hay que cerrar otros temas como licencias ambientales y planes de abandono; estas situaciones “escapan a la voluntad” de los tiempos establecidos y por ello se ampliaría. “Estamos trabajando con Fiscalía dentro de procesos iniciados con anterioridad. Como liquidadores no tenemos facultad para dar indicios de responsabilidades penales. Se está trabajando con Contraloría por dos exámenes especiales (auditoría de gestión) abiertos y el pedido de documentación es extenso”, explicó García.Al inicio del proceso de liquidación de la compañía se contaba con 38 empleados. Hasta el pasado jueves laboraban 27 para la Refinería del Pacífico con contratos ocasionales . Una vez que termine el proceso se terminará esta relación laboral, dice Christian García, liquidador de esta empresa mixta. También se gesta la venta de activos, entre ellos vehículos y oficinas como las que tiene la empresa en el edificio Platinum, en Manta. Otro de los activos es el campamento de 140 viviendas y otros espacios, avaluado en algo más de $ 13 millones. Sobre el costo del terreno donde se pretendía implantar el complejo refinador, García indica que eso lo deben establecer los municipios de Manta y Montecristi, donde están los predios. Señaló que la única entidad que solicitó información sobre los terrenos es el Ministerio de Energía para el proyecto fotovoltaico; de ahí solo han existido informaciones por parte de los ministerios de Vivienda y de Producción. (I)

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