El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI) fue creado en noviembre del 2018 tras la conversión del desaparecido Ministerio de Justicia en dos secretarías.

Su director, Edmundo Moncayo, designado el 1 de junio último, reconoce la complejidad de la crisis carcelaria que derivó en la declaratoria del estado de excepción de las prisiones desde el 16 de mayo pasado. 

Él asegura que pidió al Consejo de la Judicatura que determine la creación de los jueces de garantías penitenciarias con el fin de agilizar los trámites para que los privados de libertad que califiquen puedan terminar su condena fuera de la prisión. Así se reduciría el hacinamiento, señala.

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El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto del 2014, dispuso que haya al menos un juez penitenciario en las ciudades donde hay un centro de rehabilitación.  Pero la labor de ellos ha sido asumida por los jueces penales. 

¿Qué se ha hecho durante la emergencia carcelaria?

Tenemos procesos y metas a corto, mediano y a largo plazo en vista de que el problema es de muy difícil solución... Las acciones van a necesitar más tiempo porque el momento en que se dividió el Ministerio de Justicia  en las dos secretarías, muchas de las propiedades de las dos instituciones no están debidamente legalizadas. Eso hace que necesitemos tiempo para legalizarlas y poder invertir en ellas. Hay una norma en Contraloría que así lo manda. En cuanto a la rehabilitación social, insistimos  en una política de buscar la dignidad de la persona privada de libertad (ppl), con el respeto de las normas sobre  la rebaja de las penas y la libertad controlada.

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¿La emergencia ha sido beneficiosa entonces?

El estado de emergencia hace posible que un sinnúmero de actividades se den con agilidad. Hace posible que las instituciones nos colaboren y empecemos a solucionar el gran problema...

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Pero persiste la violencia, ¿por qué?

El hacinamiento puede ser una de las causas, el control de las organizaciones delictivas dentro de los centros de rehabilitación afecta con mucha claridad. Ellos vienen a solucionar sus conflictos que ya los tenían en las ciudades, los solucionan en busca de liderazgo en los centros...

¿El hacinamiento incide en que no se cumpla con las necesidades de los reos?

Sí, en casi diez centros estamos mejorando el servicio de alimentación para que, dentro de esa dignidad que buscamos, cada ppl privada de libertad pueda consumir comida caliente en una mesa. Pero el reducido espacio afecta su vida y todas las actividades. Cuando cinco personas queremos salir por una misma puerta al mismo instante, nos vamos a empujar, a aglomerar y alguien va a salir molesto. Eso es lo que sucede cuando tenemos demasiadas personas en determinados centros de rehabilitación.  

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¿Cómo combaten el paso de drogas y armas?

El 1 de agosto (último) es la fecha de nacimiento de la profesionalización de cada uno de los agentes de seguridad penitenciaria, recibimos el dictamen del Ministerio del Trabajo. Aquí arranca la profesionalización del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, el que tendrá su jerarquización, será una carrera profesional.

¿Cómo garantizar una rehabilitación si no hay suficientes talleres?

Pese a la emergencia y los problemas de seguridad, hay más de 20.000 que realizan actividades deportivas, más de 12.000 están estudiando... El trabajo es duro, faltan muchas cosas, pero no se las puede desarrollar de la noche a la mañana. Hay que planificar...

¿Qué motiva el traslado de los reclusos?

Hay informes de seguridad, de clasificación, solicitudes por el acercamiento familiar. Esto es analizado por los técnicos a fin de ver la conveniencia o no de los traslados. Como encargados de garantizar la vida y minimizar los riesgos de los internos, tenemos que evitar que las amenazas de muerte se cumplan.

Pero algunos de los crímenes se han dado luego de cambiar a un recluso.

Buscamos principalmente evitarlo. A veces hay otras funciones del Estado, a pedido de los mismos privados de libertad, que acceden al proceso jurídico y determinan estos traslados.

¿De qué depende la reducción del hacinamiento?

Hay que cumplir con el Código Orgánico Integral Penal (respecto al régimen semiabierto y abierto que se da al recluso que califique tras cumplir el 60% y 80% de la condena en su orden). Estamos pidiendo al Consejo de la Judicatura que determine la existencia de jueces de garantías penitenciarias, así podemos bajar el hacinamiento.

¿Cuánto destina el Estado por cada privado de libertad para financiar su estancia en los centros?

Oscila entre $ 8 y $ 12 dentro del contexto general y todo lo que se invierte en ellos. (I)

Los centros funcionan con lo mínimo..., falta mucho por hacer, por invertir. Solo cuando se está en funciones, uno se percata de lo profunda que es la problemática”. Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad (SNAI)