El Concejo municipal del cantón azuayo Camilo Ponce Enríquez aprobó este miércoles, por unanimidad, iniciar el proceso para llamar a una consulta popular con el objetivo que sus pobladores decidan si quieren o no minería metálica.

Según su alcalde, Baldor Bermeo, el 95 por ciento de su población depende económicamente de esta actividad.

La pregunta que esperan sea validada por las autoridades constitucionales y legales es: ¿Está usted de acuerdo en que la jurisdicción del cantón Camilo Ponce Enríquez se desarrolle actividad minera metálica en todas sus fases legalmente otorgada por los organismos competentes respetando el medioambiente y las fuentes hídricas en la forma que establece la Constitución de la República, las leyes y más normativas conexa? Sí – No”.

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Esta, según Bermeo, es una respuesta a lo planteado por el prefecto del Azuay, Yaku Pérez Guartambel quien este martes anunció una campaña de recolección de firmas para llamar a otra consulta, pero con el objetivo de prohibir la minería metálica en funtes hídricas.

La campaña surgió luego de que en la sesión de la Cámara Provincial no obtuvo los votos suficientes para convocarla directamente y como dispone el artículo 104 de la Constitución, donde se establece que deben tener las tres cuartas partes de los votos de los asistentes.  

Como un precedente legal, Bermeo recordó que el 24 de marzo pasado en el cantón Girón se realizó una consulta popular para que los pobladores decidan sobre la minería en el Sistema Hidrológico Kimsacocha y donde el 86,79% de los votantes respondió que no.

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Pero ahora están confiados de que la gente apoyará a esta actividad porque su economía, directa o indirectamente, se basa en la explotación de minería metálica de manera formal y legal.

Sobre este tema, el artículo 195 del Código de la Democracia describe lo siguiente “(…) Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes, debidamente certificada por la secretaria del respectivo nivel de gobierno, podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción (…)”.

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Dentro del trámite legal, el siguiente paso es acudir a la Corte Constitucional para que la pregunta sea calificada, a diferencia de lo actuado el martes por la Prefectura, pues en este caso no se necesita recolección de firmas. (I)