El Gobierno no tiene recursos para el proyecto minero Llurimagua, en Imbabura. Por eso busca que la empresa privada financie el 51% que requiere colocar el país para desarrollarlo. Así lo confirmó el ministro de Recursos Naturales no Renovables, Carlos Pérez García.

Este proyecto de cobre ha sido manejado desde 2011 por las estatales Enami EP y Exploraciones Mineras del Ecuador (Emsaec), filial de la estatal Codelco de Chile. Ambas debían constituir una empresa de economía mixta, pero no se lo hizo en la fase II, en el momento que la normativa lo ordenaba.

Ahora, según Pérez, se firmó una adenda al acuerdo para crear más bien una sociedad anónima, en la que Enami conservará el 51% de las acciones.

Pero al no contar con los recursos necesarios, se analizarán las maneras para levantar estos fondos. De acuerdo con Pérez, esta ha sido una salida para el problema que venía desde antes. “Se ha creado la empresa con 51% de acciones, pero con el compromiso de que la empresa privada ponga por el país la inversión requerida”, dijo.

Según una publicación de Invest Ecuador, la construcción de la mina y de la planta refinadora podrían llegar a costar $ 4.245 millones, aunque no hay datos del dinero requerido para la fase en la que ahora está el proyecto (exploración avanzada). El ministro explicó que solo una vez que se conozca la viabilidad financiera del proyecto, Enami EP podría pensar en venderlo a un precio que refleje su valía. “Cuando sepamos cuánto hay en reservas, entonces se podrá negociar. No se puede vender sin estos datos, pues la Contraloría nos podría observar por vender a un valor menor al real de la mina”.

Aseguró que el proyecto continuará en manos de ambas empresas estatales, pese a un informe que emitió la Contraloría con al menos doce observaciones sobre temas ambientales, de inversión y la falta de constitución de la empresa mixta.

Llurimagua está en el sector de Íntag, con una superficie de 4.829 hectáreas, de las cuales el área operativa donde se realizan las perforaciones para exploración avanzada se limita a 700 hectáreas. 

Informe de Contraloría

El Ministerio indica que el informe no establece revertir la concesión y que el proyecto seguirá; que ya se resolvió el tema de las licencias ambientales y se entregaron documentos que desvirtúan las observaciones. (I)