El Comité  Cívico del Carchi decidió aplazar el paro anunciado para este domingo y  dar un plazo de 30 días para que el Gobierno cumpla con las demandas planteadas. 

La decisión se adoptó luego de que la dirigencia ha tenido acercamientos con delegados del Gobierno para abordar la problemática que aqueja a esa zona de la frontera. 

Jairo Pozo, presidente del Comité Cívico del Carchi,  confirmó que existe una nueva tregua, pero aclaró que continuarán en sesión permanente hasta que los pedidos, que son más de veinte, sean atendidos por los distintos ministerios.

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“Vamos a esperar 30 días más para que se cumplan en su totalidad todas las demandas”, dijo Pozo, quien anunció que uno de los primeros compromisos es la presencia del ministro de Agricultura en Carchi para reunirse con agricultores y ganaderos.

Carlos Gómez, subsecretario de Gobernabilidad, logró persuadir a los dirigentes del Comité Cívico del Carchi para que la medida de hecho anunciada para este domingo  sea aplazada.

Él está al frente de las negociaciones que se desarrollan en Tulcán desde hace dos semanas en largas reuniones. 

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Jairo Jácome, otro de los directivos que solicitó la homologación de la canasta comercial fronteriza,  comentó que se han acogido sus sugerencias y que en los primeros días de junio existe el compromiso de ponerla en vigencia con más mercaderías.

Este economista de profesión cuestionó días atrás los contenidos del reglamento de la Ley de Fronteras que estructuró el Senplades. Dijo  que esta herramienta jurídica será también revisada con presencia de los reales actores de la productividad de la localidad.

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Doscientos docentes jubilados carchenses recibieron con expectativa la noticia sobre el cronograma de pagos que efectuará el Gobierno, que considerará en un primer grupo a 73. 

Mientras que las autoridades carcelarias han informado que 20 reclusos de los 103 que fueron trasladados hacia la cárcel de Cuenca podrían retornar a Tulcán en dos semanas y que la directora local sería removida del cargo.

En el tema fotorradares ubicados en el sector Huaca, los voceros gubernamentales insistieron que corren los 15 días establecidos por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el retiro de los dispositivos y la orden a la Empresa Eléctrica del Norte para que retire los medidores que abastecen de energía a dichos equipos. (I)