Legisladores, en indagación por ‘diezmos’ y otros casos en Ecuador

Al menos el 12 % de los legisladores en funciones -unos 16- es investigado actualmente por la Fiscalía General por su presunta participación en delitos como concusión (cobro de diezmos), tráfico de influencias y violación, confirmaron fuentes cercanas a estos procesos.

El cobro de ‘diezmos’ en el Parlamento denunciado en septiembre del año pasado por Fabricio Villamar (CREO), abrió la puerta para que se presenten denuncias por parte de colaboradores y excolaboradores de los asambleístas.

Tras esas denuncias, Norma Vallejo (AP) y Ana Galarza (CREO) fueron destituidas por presunto tráfico de influencias. Contra la primera está en marcha una instrucción fiscal y se le dictó como medida cautelar la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades.

Contra Galarza se desarrolla una indagación previa.

La Asamblea aprobó, el 18 de septiembre pasado, una resolución por la cual solicitó a la Contraloría General que con ayuda de la Superintendencia de Bancos haga auditorías a las cuentas bancarias que tienen registradas los servidores legislativos para que se acrediten sus remuneraciones a partir de mayo del 2013.

También se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que revise las cuentas de funcionarios y exfuncionarios para determinar si existían retiros o transferencias, y a qué cuentas.

La resolución hizo hincapié en que “por lo delicado del tema, se solicita a la Contraloría y a la UAFE que la auditoría y el análisis financiero se los realice en un plazo de 90 días”.

Ya han transcurrido siete meses y aún no se conocen los resultados de esos exámenes.

Villamar entregó, un día después, denuncias contra asambleístas que habrían otorgado contratos ocasionales supuestamente a cambio de retribuciones económicas.

Un mes después la exfiscal subrogante Ruth Palacios abrió una indagación previa.

La Fiscalía inició indagaciones previas a Karina Arteaga, Johanna Cedeño, María José Carrión, Marcia Arregui, Teresa Benavides y Alberto Zambrano, de las filas del oficialismo; Juan Pablo Velín, exmilitante de AP; Fernando Burbano, antes de CREO-Podemos; Sebastián Palacios, de SUMA; Washington Paredes, antes de SUMA; Tito Puanchir, de Pachakutik; Raúl Aquilla, antes de CREO, hoy PSC; y Fernando Flores, de CREO.

Byron Suquilanda (CREO), en tanto, espera que se archive una denuncia presentada en su contra por supuesta violación.

Igualmente, José Serrano (AP) fue denunciado por un exasesor en el Ministerio del Interior por concusión.

Una de las últimas denuncias públicas que se presentó ante la Fiscalía fue contra la actual presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP).

Ronny Aleaga (afín a Rafael Correa) la acusó de tráfico de influencias tras la filtración de un audio en el que se la escucha hablar con la ministra del Interior, María Paula Romo, sobre la votación de una moción del correísmo que pedía fiscalizar el caso INApapers, relacionado con una supuesta vinculación del presidente Lenín Moreno a empresas offshore.

Procesos en marcha

Tres fiscales

Fabricio Villamar (CREO) recordó que hace siete meses entregó a la Fiscalía información de los casos que llegaron a su despacho. Este tiempo, hubo tres fiscales; y dice que ha pedido por escrito información del avance de las investigaciones y no obtuvo respuestas.

Otro caso

Sofía Espín (antes de AP) también fue destituida por el pleno de la Asamblea y ahora es investigada por la Fiscalía, pero su caso tuvo que ver con la visita que realizó en la cárcel a una de las exagentes acusadas en el proceso que se inició por el secuestro de Fernando Balda. Tiene orden de prisión preventiva. (I)