Eran las 18:50 del martes último cuando Ramiro González, expresidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), quien es buscado en Ecuador por los delitos de tráfico de influencias y evasión tributaria, salió solo de una de las dos casas que eran vigiladas por agentes policiales peruanos de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés), los cuales trabajaban de cerca con uniformados del ente en Ecuador, debido a la difusión roja que pesaba contra él.

Mientras caminaba por una de las calles del exclusivo barrio de Miraflores en Lima, González vestía un jean oscuro y una camisa a cuadros, llevaba una gorra, lentes y lucía una barba blanca sin afeitar. Cerca de seis meses de seguimiento ininterrumpidos terminaban en la detención de quien estuvo un año y ocho meses prófugo.

En el proceso de seguimiento y captura del exfuncionario, Ecuador contó con la cooperación de agentes de Interpol de al menos seis países.

Una vez que fue detenido, la oficina de Interpol Perú informó a su par en Ecuador. Los agentes de Interpol comunicaron el tema al juez que solicitó la notificación roja y a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Publicidad

La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó que en Ecuador se activaron los procedimientos que permitan la pronta extradición de González a la justicia ecuatoriana.

Aunque reconoce que no hay un tiempo definido para que se concrete la entrega, la ministra confía en que las autoridades del Perú darán paso a la extradición en “tiempo razonable”.

Desde agosto de 2017 el exlíder del partido Avanza es investigado por defraudación tributaria, pues entre 2012 y 2016, González habría tenido ingresos por $ 2,2 millones y solo declaró impuestos por $ 391.000; y desde el 12 de diciembre de 2017 mantiene una orden de prisión preventiva por el delito de tráfico de influencias.

En este último caso recibieron una pena de ocho años de cárcel Wilmer V. Raúl B. y Carlos C.; María Sol Larrea, excoordinadora del IESS, por acogerse al procedimiento abreviado, fue sentenciada a doce meses de cárcel; y contra González la etapa de juicio está en suspenso por hallarse prófugo.

Al momento, la CNJ y la Fiscalía trabajan en la recopilación de la información de los procesos judiciales contra González que serán entregados a Perú. La prioridad estaría en explicar el delito de evasión tributaria para evitar que se beneficie de un refugio pedido bajo el argumento de persecución política.

“La estrategia de defensa de González en Perú será declararse un perseguido político. Varias personas involucradas en este tipo de casos lo han hecho”, explicó Romo. (I)