Al menos nueve asambleístas que representan a la amazonía e integran la comisión de Biodiversidad pidieron a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, archivar el proyecto de Ley orgánica sobre el porcentaje de utilidades para los trabajadores de los sectores hidrocarburífero, minero, energía eléctrica y servicios complementarios.

Yofre Poma, presidente (e) de la comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, abrió el debate sobre el informe aprobado por la Comisión de Derechos de los Trabajadores y logró aprobar una resolución donde explica que el pedido de archivo es por el fondo y la forma en que está planteado el proyecto.

El proyecto de Ley dispone que las empresas privadas hidrocaburíferas, mineras e hidroeléctricas deberán pagar a sus trabajadores la totalidad del 15% de las utilidades que generan, pero en la Ley Amazónica aprobada en mayo de 2018, se establece como parte del Fondo Común Amazónico el 12% de las utilidades que generan las empresas que explotan recursos no renovables, por lo que los asambleístas consideran que al dar paso al proyecto estructurado por la Comisión de Derechos de los Trabajadores, se afectaría directamente a los recursos que corresponden a la amazonía y que se destinan a proyectos de protección o remediación ambiental, fortalecimiento del sistema de educación superior, planes de vida de los pueblos y nacionalidades indígenas y para el cambio de la matriz productiva.

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Los legisladores representantes de la amazonía consideran que en el proyecto, cuyo informe para segundo debate está listo, no se incluyeron ni recogieron alternativas de financiamiento que compensen los recursos que se restarían del Fondo Común Amazónico. Tampoco se ha convocado a los actores amazónicos directamente beneficiarios de este fondo, ni se han recogido los aportes realizados por los asambleístas amazónicos.

En la resolución los asambleístas firmantes aclaran que reconocen y respaldan el derecho de los trabajadores a recibir utilidades como lo determina la Ley, y que apoyarán cualquier búsqueda de alternativas para su concreción.

Los asambleístas que piden el archivo del proyecto son: Yofre Poma (antes AP); Fredy Alarcón y César Solórzano (PSP); Gabriela Cerda y Carlos Viteri (RC); Henry Moreno (CREO); Juan Pablo Velín (antes AP); Calletano Tenorio y Alberto Zambrano (AP).

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Este grupo de legisladores considera que la Comisión de Derechos de los Trabajadores debió convocar a los representantes del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Especial Amazónica; a los representantes del Comaga, Conga y Conagopare, a representantes de la sociedad civil, universidades, organismos no gubernamentales, organizaciones ambientalistas, entre otras.

Además, los legisladores amazónicos sostienen que el Fondo Común de la Amazonía forma parte del Presupuesto General del Estado, por lo tanto, solo puede ser modificado mediante una iniciativa legislativa del Ejecutivo.

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Este grupo de legisladores pide a la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, no incluir en el orden del día el informe para segundo debate de este proyecto.

Expectativa en Asamblea

En la comisión de Derechos de los Trabajadores el asambleísta, Raúl Tello, representante de Pastaza, planteó la reconsideración el texto aprobado por la comisión sobre el informe para segundo debate.

La legisladora Kariana Arteaga (AP), comentó que según el procedimiento legislativo el planteamiento de Tello, está para ser tramitado en la comisión, lo único que se votó fue la modificación del orden del día de la convocatoria de la sesión. Sin embargo, dijo que es partidaria de que se reciba a las autoridades de la amazonía para conocer su postura y buscar una solución a favor de las provincias amazónicas, pero también si afectar los derechos de los trabajadores. El planteamiento de Tello, es dejar sin efecto el informe presentado por la comisión.

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Frente al pedido de archivo del proyecto, Arteaga, dijo que la Comisión de Biodiversidad tiene derecho a pedir el archivo, pero es el pleno quien define la aprobación o no del proyecto.

Como alternativa, la legisladora planteó que el fondo amazónico debe ser financiado por el excedente petrolero; y para ello, se debe conversar y abrir el diálogo con los trabajadores y las autoridades amazónicas. (I)