El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) destituyó a Guido Vargas (PSP) del cargo de prefecto provincial de Sucumbíos por uso de bienes públicos con fines electorales y además aplicó una multa equivalente a diez remuneraciones básicas unificadas del trabajador.

Vargas está inscrito en la Junta Provincial de Sucumbíos como candidato a la reelección a prefecto provincial por la lista 3, y además es director de Sociedad Patriótica en esa provincia. Según la sentencia, él puede seguir en campaña como candidato, pero no puede ejercer el cargo de prefecto.

La denuncia contra Vargas, la presentó Holver Giler Macías, director provincial de la Izquierda Democrática en Sucumbíos, quien aseguró que el 30 de enero pasado en el cantón Baeza, provincia de Napo, encontró propaganda electoral en dos vehículos del GAD provincial de Sucumbíos, que corresponde al Partido Sociedad Patriótica, lista 3, la misma que estaba bajo órdenes de Guido Vargas, quien ocupaba el cargo de prefecto de Sucumbíos.

Publicidad

Las dos camionetas doble cabina eran conducidas por José Chuva Piedra y José Solano Cuenca, no poseían los salvoconductos en el momento de su retención aproximadamente a las 10:00. Ellos, en su testimonio señalaron que a la altura de Papallacta encontraron un vehículo dañado y por ser conocido lo ayudaron a transportar la propaganda electoral. Sin embargo, en las pruebas entregadas en la audiencia se presentó una guía de remisión por la empresa Cortyvis Cia.Ltda., ubicada en el sector Carcelén en Quito, donde el transportista era un funcionario del GAD de Sucumbíos.

El @TCE_Ecuador mediante sentencia destituyó del cargo al prefecto de Sucumbios, Guido Vargas (PSP), por uso de bienes públicos con fines electorales, y multa equivalente a 10SBU. El sigue de candidato a la reelección. @eluniversocom pic.twitter.com/DcXiYvb9nH

Según el parte policial, el salvoconducto fue presentado recién a las 16:00; incluso el prefecto Guido Vargas habló con los policías y reconoció que envió los dos automotores a Quito y que “le han informado que tienen unas banderas para regalarle, ya que en campaña todo sirve”. El documento agrega que Vargas manifestó que “es candidato a la reelección y que va a ganar, que pagaría un vehículo particular para que desde ahí transporten la propaganda política, además le ofreció un regalito que no le hace daño a cambio de que le ayude”.

En las pruebas de descargo, Vargas afirmó que la denuncia responde a que erá el próximo ganador de las elecciones por lo que quieren perjudicar su candidatura sin presentar pruebas que lo vinculen al cometimiento de la infracción electoral. Además señaló que la responsabilidad sobre el uso de los vehículos es de los conductores y no de él, como prefecto provincial.

Publicidad

En el documento de sentencia, el TCE señala que el Código de la Democracia en su artículo 276, referente a las infracciones de las autoridades o de los servidores públicos consta “usar bienes o recursos públicos con fines electorales”; por lo tanto, los dos vehículos que forman parte de los bienes de dominio del GAD provincial de Sucumbíos son de uso exclusivo para cumplir los fines y necesidades institucionales de su competencia, mediante autorización de los órganos correspondientes previo cumplimiento de necesarios trámites internos; es decir, su uso no es discrecional de los choferes, sino reglado; las autoridades o funcionarios no los pueden disponer como si fuesen de su propiedad privada.

Uso de bienes públicos

Publicidad

En las pruebas aportadas en el proceso se acredita que Guido Vargas, prefecto de Sucumbíos, director provincial del Partido Sociedad Patriótica en Sucumbíos y candidato a la reelección para prefecto, tuvo “directa intervención en el uso de los vehículos tipo camioneta de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Sucumbíos, conducidos por los choferes de la institución que dirige: José Solano Cuenca y José Chuva Piedra, por lo que incurre en la infracción determinado en el artículo 276, numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, Código de la Democracia”.

En el documento se dispone que una vez ejecutoriada la sentencia, la secretaría general del TCE remitirá copia certificada de todo el expediente a la Fiscalía General, a fin de que inicie las acciones que correspondan por presunto delito de perjurio contra los dos choferes, trabajadores del GAD provincial de Sucumbíos.

Además que se remita el expediente al Consejo Nacional Electoral (CNE), para que verifique el aporte de Construcciones y Servicios ConstserDaniel Cia.Ltda, y de ser el caso se aplique sanciones. (I)