El subsecretario de Acción Política de la Presidencia, Iván Granda, lidera las acciones de lucha anticorrupción del Gobierno y, entre los avances, dice que tienen identificados 17 posibles testaferros de altos funcionarios del ‘correato’ y cuenta cómo está estructurada la coordinación interinstitucional para combatir este mal con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas y el Banco Mundial.

¿En qué cambiaría la lucha contra la corrupción que la Asamblea apruebe la Ley que envió el Ejecutivo?

Esta ley va a permitir que el lavado de activos prescriba en un tiempo mayor y que tengamos la posibilidad que la persona que quiera cooperar con el Estado y decir dónde está el dinero sea premiado con un porcentaje del valor recuperado... Hay mucha gente que prestó el nombre, que pasó de tener un patrimonio de $ 100.000 a uno de $ 1 millón y siguen con la misma actividad comercial. Tenemos identificadas 17 personas, que se les pregunta: ¿Qué pasó?, es que prestaron el nombre a altos funcionarios del Gobierno anterior. La ley permitirá que estas personas puedan confesar por una sola vez: quién, cómo, en qué condiciones se dieron y que puedan ser tratados por la Fiscalía como delatores, cooperantes o testigos. Una utilización procesal que los beneficiaría. Aquí el gran corruptor es el que no puede quedarse en la impunidad...

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Cuando usted dice "nosotros”, ¿se refiere al Gobierno? ¿El Gobierno está investigando?

Nosotros como Gobierno... estamos investigando actos de corrupción.

¿Con qué mecanismos?

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A través del 1-800-delito recogemos información con la que vamos a la Fiscalía para abrir indagaciones previas. El problema es que hay pocos fiscales, hacen falta 200, la propuesta del Gobierno es tener fiscales anticorrupción, porque podemos identificar los actos de corrupción, tener documentación... entregamos a la Contraloría, a la Fiscalía, pero hasta ahí llega nuestra competencia.

¿Y qué han identificado?

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Modelos de acciones de corrupción, patrones. Hay un patrón claro donde tenemos que altos funcionarios de gobierno (el anterior) no tienen un dólar... pero vemos agentes relacionados, que tienen gran cantidad de dinero, que hemos establecido que podrían ser presuntos testaferros... resulta que tienen muchos miles de dólares, pero su patrimonio sigue siendo de $ 80.000. Un ejemplo de un trabajador privado que sigue ganando $430, pero tiene departamentos en Atacames, en Guayas... Él permitió que se utilice su nombre, al hacerlo él se benefició económicamente, pero resulta que hoy tendría que explicar cómo se metió en un enriquecimiento privado injustificado.

¿Ellos llamaron al 1-800?

Algunos, otros han ido a entidades como el Servicio de Rentas Internas, otros han venido a la Presidencia, otros han enviado cartas...

Entonces, ¿no es que Presidencia tiene un equipo de investigadores en esto?

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Sí existe, es un equipo bien pequeñito, cinco personas que hacemos este trabajo.

¿Cómo se trató el caso de Tomislav Tópic?

Cuando el señor Topic tocó las puertas, yo no me podía reunir con él, yo tenía que acudir ante una autoridad que sí estaba capacitada y tenía la competencia para ello, de acuerdo al artículo 1 de la Ley de Lavado de Activos (Diana Salazar, titular de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE), cuando él planteó formalmente este tema (consignar $ 13,5 millones), anunciamos varias acciones y entregamos a la Fiscalía para que proceda, como le corresponde... ella sabrá si es que llega a un acuerdo, si es que es cooperación eficaz, si es que tiene con él un tema de testimonio urgente anticipado, cómo, cuándo y dónde se pagan los recursos.

¿Cómo va el trabajo de las empresas contratadas para recuperar el dinero en paraísos fiscales?

Desde la UAFE se coordina con las empresas vinculadas a la investigación y detección de en donde están los recursos. Siguen trabajando, entiendo que han entregado varios productos ya y es justamente las condiciones de cooperación del grupo Geira.

¿Qué es Geira?

Grupo de Enlace Institucional para la Recuperación de Activos, creado gracias a la cooperación de la Organización de Naciones Unidas en contra del Delito (ONUC), en el marco de la cooperación entre la ONU y el Banco Mundial (grupo denominado STAR). Geira trabaja con la coordinación de Diana Salazar. Se reúne y establece lineamientos, políticas anticorrupción para romper con discrecionalidad y establecer manuales de procedimiento. (I)