A pesar de no cumplir con requisitos básicos como una salida de emergencia, el centro de rehabilitación donde el pasado 11 de enero murieron 18 jóvenes habría tenido del 2015 al 2018 permisos emitidos por el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess), informó el fiscal Franklin Flores Catuto, quien investiga el caso.