El Congreso hondureño aprobó una serie de medidas para evitar la conflictividad electoral, entre ellas eliminar el actual Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dejó dudas en su accionar tras las elecciones de 2017 cuando le dio la victoria al actual presidente, Juan Orlando Hernández.

Las reformas aprobadas por la mayoría de los 128 diputados buscan prevenir la situación que se vivió en el país tras la reelección del presidente tras un cuestionado conteo de votos que despertó sospechas de fraude.

El TSE, controlado por el oficialismo, será sustituido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), los cuales estarán conformados por tres magistrados propietarios de los partidos mayoritarios y dos suplentes elegidos por el Legislativo.

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El proyecto deberá ser ratificado en un segundo debate el martes próximo antes de enviarlo a sanción del presidente Hernández.

La reforma también modifica el Registro Nacional de las Personas (RNP), un órgano controlado por el oficialismo encargado del censo electoral, el cual será dirigido por tres comisionados y dos suplentes, todos nombrados por el Congreso.

La oposición exigía la aprobación de la segunda vuelta en la elección presidencial si el ganador saca menos del 50% de los votos pero dejó abierta la posibilidad de someterlo a una consulta popular.

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Lo mismo podría ocurrir con la reglamentación de la reelección presidencial, luego que Hernández se reeligiera como candidato del Partido Nacional (PN, derecha), pese a estar prohibida en la Constitución. Hernández se postuló a un segundo mandato consecutivo gracias a una interpretación judicial.

El jefe de la delegación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Tegucigalpa, Igor Garafulic, quien ayudó a consensuar las reformas, urgió poner en marcha los cambios aunque admitió que persiste "la polarización" entre las fuerzas políticas hondureñas. (I)