Juez prohíbe salir del país a exvicepresidenta María Alejandra Vicuña

Actualizado a las 23:50

Prohibición de salida del país y presentación periódica cada ocho días ante el presidente subrogante de la Corte Provincial de Justicia del Guayas es lo que ordenó este miércoles el juez nacional Iván Saquicela en contra de la exvicepresidenta de la República María Alejandra Vicuña, dentro de la instrucción fiscal que durará 90 días por el delito de concusión.

Para la decisión del juez Saquicela pesó la entrega de un documento por parte de la defensa de Vicuña que hablaba de que ella aún mantiene seguridad presidencial, por haber sido vicepresidenta.

La decisión también incluye la prohibición de enajenar un departamento que Vicuña mantiene en Quito. La Fiscalía solicitó inicialmente que se prohíba la enajenación de todos los bienes de la procesada y se inmovilicen sus cuentas por un valor de 23.300 dólares.

El juez Saquicela, de la Corte Nacional de Justicia, ordenó que el presidente subrogante de la Corte del Guayas le informe semanalmente de la presentación que la exvicepresidenta haga todos los lunes entre las 08:00 y las 10:00. Además advirtió a la defensa de Vicuña, Ana María Ontaneda, que de no cumplir su clienta la medida cautelar dispuesta, la misma será modificada por una orden de prisión preventiva inmediatamente.

Para el tema de la prohibición de salida, Saquicela dispuso que se oficie a las autoridades del migración para que den cumplimiento de la medida.

Pese a que inicialmente la fiscal general encargada Ruth Palacios solicitó al juez Saquicela prisión preventiva para la exvicepresidenta Vicuña, a quien se la investiga por concusión, un documento entregado en audiencia por la defensa de la procesada, el cual reveló que ella aún mantiene agentes de Servicio de Protección Presidencial, el pedido de Fiscalía cambió a que se le ordene prohibición de salida del país y presentación periódica.

Todo esto sucedió este miércoles en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia donde por casi tres horas se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra Vicuña.

La defensa de la exvicepresidenta impugnó que se permita la intervención de la Procuraduría General del Estado; sin embargo, el juez Iván Saquicela acogió los argumentos presentados por el Director Nacional de Patrocinio, en calidad de delegado del Procurador General. Dentro de los argumentos se señaló que el Estado ecuatoriano puede comparecer en la audiencia como víctima de la infracción, de conformidad con el artículo 441, numeral 6 del COIP y con mayor razón, por tratarse de un delito que afecta a la eficiencia de la administración pública.

Poco antes de las 13:00, luego de escuchar a la partes, la diligencia fue suspendida por el juez Saquicela, debido a que debía analizar las solicitudes de Fiscalía hechas en base a 21 elementos de convicción y los documentos presentados por la defensa de Vicuña. 

Palacios presentó entre los elementos de convicción para formular cargos la declaración juramentada y la versión que rindió Ángel Sagbay, exasistente administrativo y asesor 1 de Vicuña cuando fue legisladora, en la que aseguraba que Sagbay fue obligado a pagar dineros provenientes de su sueldo mensual para mantenerse su cargo en la Asamblea, entre 2011 y 2013. Además, Fiscalía presentó informes de la Unidad de Análisis Financiero y Ecomomico (UAFE) que indicarian operaciones inusuales en los ingresos de Vicuña: habría recibido como ingresos por más de $ 500.000 y a sus cuentas ingresaron más de $1.1 millones.

El 12 de diciembre pasado, Palacios solicitó a la Corte Nacional de Justicia fije día y hora para realizar una audiencia de formulación de cargos por el delito de concusión contra la exvicepresidenta Vicuña.

El pedido se desprende de la investigación previa que inició la institución respecto a denuncias de que varios exfuncionarios del legislativo que laboraron cuando Vicuña era asambleísta le entregaban dineros de su sueldo para supuestamente mantenerse en el cargo. Uno de ellos fue Sagbay, quien ya rindió versión respecto al declaración notarizada en la que él confirma que fue obligado a entregar dineros mensuales de su sueldo a cambio de su estabilidad laboral en la Asamblea.

Vicuña en respuesta explicó en su momento que esos dineros que recibió en su cuenta bancaria no eran cobros de ningún tipo, sino aportes voluntarios como un militante e iban para la organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

El exasambleísta Andrés Páez interpuso el 27 de noviembre pasado una denuncia contra la entonces vicepresidenta Vicuña por los delitos de concusión y tráfico de influencias. Esa denuncia y su posterior versión también fueron parte de los elementos de convicción presentado por parte de la Fiscalía.

María Alejandra Vicuña renunció al cargo de Vicepresidenta de la República el 4 de diciembre último, un día después de que el presidente de la República, Lenín Moreno, la liberara de sus funciones y ella pidiera una licencia sin sueldo hasta el 31 de diciembre.

La Fiscalía también pidió la prohibición de enajenar bienes y la inmovilización de cuentas de Vicuña por un monto de $ 23.300. Estos pedidos también tuvieron reparos por la defensa de la exvicepresidenta, quien solicitó que la medida no alcance a las cuentas de su cliente debido a que tiene que mantener a su hija menor de edad y que en su lugar, para garantizar el dinero requerido, se tome uno de los dos bienes muebles que tiene, los cuales superan los más de $ 23.000 solicitados por Fiscalía.

Ana María Ontaneda, abogada de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, llega a la CNJ para la audiencia de formulación de cargos por el delito de concusión contra la exsegunda mandataria ecuatoriana. @eluniversocom pic.twitter.com/SEQiBdUmXz

La defensa de Vicuña, Ana María Ontaneda, calificó de desproporcionado el pedido se prisión preventiva hecho por la fiscal Palacios. Explicó que la medida no tenía sentido no solamente porque su cliente ha colaborado desdes el inicio de la investigación con las autoridades, sino también porque no encontraba peligro de fuga cuando Vicuña mantiene agentes de Seguridad Presidencial dándole protección por su calidad de exvicepresidenta las 24 horas de día. Para justificar este último hecho presentó un documento oficial del resguardo que posee actualmente.

Más allá de esos elementos presentados y los arraigos familiares y laborales que entregó, Ontaneda aseguró que no existe prueba alguna que compruebe que los dineros entregados fueron de carácter obligatorio y no fueron aportes voluntarios.

La fiscal Palacios aseguró que hasta el momento Vicuña no ha justificado qué hizo con los dineros de los aportes que dijo eran voluntarios y que estaban destinados al movimiento ABA. (I)