El presidente de Colombia, Iván Duque, insistió este martes a Cuba que extradite a los negociadores de paz del ELN, luego de que estallaran los diálogos en La Habana tras un atentado de esta guerrilla que dejó 21 muertos.

"Hacemos un llamado respetuoso al gobierno cubano para que proceda con las órdenes de extradición y puedan entregar a las autoridades colombianas a los responsables de esa organización para que paguen las penas que se merecen", declaró el mandatario.

Duque puso fin el pasado viernes a las débiles conversaciones que se llevaban a cabo en Cuba luego de que un día antes la guerrilla guevarista estallara un coche bomba en una escuela policial en Bogotá que mató a 20 estudiantes de policía y al atacante.

El mandatario exige desde entonces que el gobierno cubano, que acogió las pláticas desde mayo de 2018, capture y extradite a los diez negociadores rebeldes que están en su territorio so pena de demandarlo por proteger 'terroristas'.

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Anfitrión y garante de las frustradas negociaciones con el ELN, La Habana aseguró que cumplirá con los compromisos fijados para el caso de una ruptura de las conversaciones instaladas en 2017 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

Cuba "actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre el Gobierno (de Colombia) y el ELN, incluido el Protocolo en Caso de Ruptura de la Negociación", dijo la víspera el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en Twitter.

El protocolo, firmado por las partes el 5 de abril de 2016, establece que en caso de ruptura, los países garantes y las partes contarán con 15 días a partir del anuncio del fin de los diálogos para "planear y concretar el retorno a Colombia" de los rebeldes.

Además, plantea un cese de operaciones militares durante 72 horas en las áreas donde deben ser dejados los negociadores del grupo guevarista.

Por su parte, Noruega indicó este martes en un comunicado que en su papel de garante de las negociaciones con el ELN, firmó varios documentos incluido el protocolo en cuestión. "Como facilitador y garante consecuente, Noruega debe cumplir con sus compromisos", enfatizó en el boletín.

Cumplir lo pactado

Pero el gobierno colombiano asegura que ese protocolo responde a políticas de la anterior administración y que por lo tanto no está obligado a respetarlo.

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El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, sostiene que el actual gobierno no reactivó las pláticas, que habían sido suspendidas por Santos en agosto días antes de entregar el poder.

Sin embargo, el comisionado tuvo contactos con la delegación guerrillera y las suspensiones de las órdenes de captura se mantuvieron hasta el viernes cuando Duque pidió detener a la delegación rebelde.

"Una vez estas personas pisen territorio colombiano, la fiscalía tiene la obligación legal y constitucional de ponerlas a órdenes de los jueces", dijo Ceballos este martes a periodistas.

Internacionalistas y juristas consideran las posiciones del gobierno colombiano un incumplimiento a la palabra empeñada ante los rebeldes y los garantes.

Si los argumentos del comisionado fueran ciertos, "cualquier gobierno que llega podría incumplir los compromisos que un gobierno anterior adquiere con otros estados, con terceros e inclusive con los ciudadanos", dijo a Blu Radio Frank Pearl, exjefe negociador de Santos.

Por su parte, el jefe negociador rebelde, Pablo Beltrán, demandó que se cumpla lo pactado. "La paz para que funcione tiene que ser una política de Estado. Lo que avanza un gobierno debe tener continuidad con el otro", dijo el lunes.

Además de Cuba, Chile, Brasil y Noruega son garantes del proceso. En septiembre Duque revocó esa condición a Venezuela, a la que acusa de refugiar al ELN.

Reconocida como la última guerrilla de Colombia tras el desarme y transformación en partido de las FARC en 2017, el ELN cuenta con unos 1.800 combatientes y una amplia red de apoyo en ciudades.

Surgida en 1964 bajo el influjo del Che Guevara, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) reivindica una política nacionalista y es junto a disidencias de las FARC y bandas narcotraficantes de origen paramilitar, el principal desafío en seguridad que enfrenta Colombia. (I)