La fuerte reducción del presupuesto de Transporte y Obras Públicas que pasa de $ 600 millones (en 2018) a $ 317 millones (en 2019) afectaría el mantenimiento de carreteras y construcción de infraestructura para el próximo año. Así lo expuso ayer el viceministro de Infraestructura de Transporte, Ricardo Paula, ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, en medio del debate que se realiza por la proforma 2019.

Paula explicó que el Ministerio había pedido $ 270 millones para mantenimiento de carreteras, pero se le asignó $ 60 millones, 75% menos de lo requerido. “Eso repercute a la responsabilidad que tenemos en la red vial”, comentó. Adicionalmente, indicó que para infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos se había calculado que requerían $ 870 millones, y les darán $ 53 millones.

Al ser consultado si esto significa que habrá un deterioro en las carreteras, explicó que el Ministerio trabaja en desarrollar nuevos corredores para que sean manejados por el sector privado a través de concesiones. Sin embargo, asegura que deben revisarse también las tarifas de peajes. Entre los corredores que podrían ser concesionados estarían el Ambato-Baños-Puyo y el Ambato-Guaranda-Balsapamba-Babahoyo. Se trata de concesiones Sierra-Costa y Sierra-Oriente que pueden resultar atractivas para el sector privado debido al flujo vehicular.

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Ya que se ha reducido su capacidad para mantenimiento han tomado medidas como comprar maquinaria propia para realizar los trabajos.

La reducción de recursos para transporte se suma a la del presupuesto para las universidades que percibirán $ 145 millones menos que este año.

Sobre ello, Roberto Passailaigue, rector de la Universidad de Guayaquil, aseguró ayer que esta institución se encuentra “en terapia intensiva”. Sostuvo que si le quitan esos $ 20 millones (reducción estimada del presupuesto) es como quitarle la vía de oxígeno al enfermo de terapia intensiva, entraría en una agonía lenta, pero segura.

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Desde ese punto de vista se han hecho los oficios pertinentes tanto al CES como al Ceaaces y al Ministerio de Economía y Finanzas, solicitándole que no se le hagan los recortes presupuestarios.

De acuerdo con información de Finanzas, en una reunión reciente que tuvieron con autoridades universitarias y Senescyt, algunos centros de estudio superior expresaron su preocupación por el recorte frente al presupuesto codificado 2018. No obstante, en la reunión se aclaró que es necesario cotejar las cifras proformadas para el 2019 con las del presupuesto inicial del 2018 para verificar si allí existen diferencias.

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Esta explicación se hizo considerando que en el presupuesto del Estado codificado se incluyen asignaciones adicionales establecidas en disposiciones legales como los recursos comprometidos no devengados, saldos disponibles de autogestión, asistencias técnicas, créditos contratados por las universidades y escuelas politécnicas y otros. Sin embargo, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que hay una reducción de $ 53 millones.(I)