“Existen elementos para inferir que los pagos que hizo Raúl Chicaiza a ciudadanos colombianos ya sentenciados por el secuestro de Fernando Balda fueron obtenidos de fondos públicos a cargo de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain)”. Así lo señalaba el miércoles último la jueza Daniella Camacho al leer un peritaje realizado dentro del caso, el cual fue uno de los elementos de convicción para llamar a juicio por el delito de plagio al expresidente Rafael Correa; al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero; y los exagentes Chicaiza y Jéssica Falcón.

Felipe Rodríguez, defensa de Balda, tiene claro que para darse el secuestro de su cliente los funcionarios públicos involucrados debieron haber cometido peculado.

Él cree que si ya se ha llamado a juicio y se ha evidenciado la participación de los procesados en el plagio, la Contraloría General del Estado debería analizar cuánto dinero público se destinó a las operaciones para el secuestro y emitir un informe con indicios de responsabilidad penal para que Fiscalía investigue.

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Camacho, antes de emitir su auto de llamamiento a juicio, mencionó en su lectura versiones dadas por los secuestradores en Colombia que hablaban de que Chicaiza pagó por la renta del vehículo en el que se cometió el secuestro, y que se entregó dinero en efectivo para pagar al grupo de secuestradores, que se dieron recursos para comprar ropa a los delincuentes contratados.

El 20 de junio pasado, durante el testimonio anticipado de Chicaiza, él dijo que todo lo usado dentro de su viaje a Colombia para el tema Balda le fue entregado en efectivo directamente por la Senain. Especificó que para esa operación se usaron en efectivo cerca de $ 60.000, que incluye el pago de $ 28.000 en efectivo, realizado el 9 de agosto de 2012, a las personas que iban a trasladar a político ecuatoriano desde Bogotá hasta un cuartel en Ipiales, ciudad cercana a Ecuador.

Balda sostiene que si Correa y Romero son quienes están en la parte alta de la cadena de mando de la estructura que planificó y cometió el secuestro, es contra ellos que debe recaer la denuncia por peculado que interpondrá en las próximas semanas en Fiscalía.

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“La consecuencia del delito de peculado es precisamente que no prescribe, entonces Rafael Correa deberá tomar la decisión de si es que quiere ser un prófugo de la justicia de por vida o si viene a Ecuador a dar la cara”, refirió Balda.

Para el abogado de Romero, Stalin Oviedo, los anuncios de nuevas denuncias, como peculado, hacen parte de una acción que busca desgastar a todo excolaborador de Correa. Según él, mediante estas acusaciones pretenden que la gente acepte delitos que no cometió para así vincular al expresidente.

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Oviedo apunta que si hay que investigar el dinero que dicen se entregó en esta operación, el primero que debe ser analizado es el propio Balda, pues, indicó, fue el propio Chicaiza quien durante su testimonio anticipado afirmó que entregó en varias ocasiones dineros al político para mantener la fachada que tenía en Colombia. (I)