Más de 200 hombres hacen fila la mañana de cada sábado en uno de los ingresos a la cárcel de Guayaquil, en la vía a Daule. Sus brazos tienen la marca de un número para poder ingresar y firmar un acta de asistencia ante un servidor del Ministerio de Justicia. El 27 de octubre, mientras ellos entran, mujeres que están de visita los apuran: “¡Muevan! ¡Muevan!”.

Ahí llegan las personas procesadas por delitos o quienes cumplen su sentencia bajo un régimen de libertad controlada. Una parte de ellos lleva un grillete electrónico, que es monitoreado por ese ministerio para evitar su fuga, como sí lo hizo Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación de Rafael Correa, quien se quitó este aparato que fue hallado en una quebrada de Quito, el 20 de octubre. Ese mismo día, Alvarado envió un mensaje por WhatsApp al Ministerio de Justicia para contar que salió del país.

En la penitenciaría de Guayaquil, en medio de la fila de procesados, está Vicente, sentenciado a cinco años por falsificación de documentos. Se levanta el pantalón y muestra el grillete en el tobillo.

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“En marzo salí. Dos meses trabajó (el grillete) y de ahí nada. Ellos saben (Justicia) que está dañado. Me dijeron que me iban a llamar, pero hasta la vez... Llamo al 911, porque después piensan que me he fugado, tengo que reportarme todos los días”, dice Vicente, quien viaja los viernes de Santa Elena a Guayaquil para presentarse.

Hasta septiembre, 1.024 grilletes se encontraban dañados y solo 235 estaban disponibles, de los 4.000 dispositivos (y una plataforma informática) que compró el Ministerio de Justicia a la China National Electronics Import & Export Corporation (Ceiec) en 2016 por $ 13,7 millones.

Ante la Comisión de Justicia de la Asamblea, el 26 de septiembre, la entonces viceministra de Justicia, Liliana Guzmán, explicó que “la mayoría de esos aparatos están dañados por el mal uso de los usuarios, los cortan, arrancan (...) y otros son dañados por la dinámica de instalaciones y desinstalaciones”.

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Del 2017 a agosto de este año se realizaron 7.277 instalaciones y desinstalaciones de estos aparatos, según el reporte de Justicia, que señala un aumento del 122% en las colocaciones de los dispositivos este año.

El grillete que le pusieron a Vicente y a sus compañeros no es difícil de sacar. “El uno se lo puso al perro y se fue a hacer una vuelta”, dice Lautaro, otro procesado, mientras espera en la fila de la penitenciaría.

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A la facilidad de retirarse el aparato se suma la falta de una amplia cobertura de red que permita rastrear los grilletes.

“Situaciones así son casi cotidianas durante el monitoreo, ya sea porque está en una zona de tránsito en la que la señal del proveedor no está cubriendo, pero son minutos, no horas...”, comenta Gina Godoy, quien renunció a la coordinación zonal 8 del Ministerio de Justicia tras la fuga de Fernando Alvarado.

Tecnología de comunicación

Para monitorear los grilletes, el Ministerio de Justicia utiliza los servicios de comunicación e internet de la operadora Claro (Conecel), con la que se firmó un contrato por $ 296.000 y que está vigente desde abril pasado, confirmó la empresa de telefonía celular sin dar una entrevista a este Diario sobre la cobertura de su servicio. No obstante, el Ministerio planea que la señal de conexión la suministre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por ser una empresa pública.

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Sin embargo, este cambio de operadora está condicionado a que CNT cuente con la tecnología para superar los “problemas de cobertura que conllevarían áreas ciegas, es decir, sin monitoreo”, según los términos de referencia del contrato que se firmó con Conecel en abril.

 

Hasta agosto Conecel tenía 8.921 radiobases (antenas), Otecel (Movistar), 5.727, y CNT, 2.396, según la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

La migración del proveedor de comunicación e internet también se ha postergado por un desacuerdo técnico entre la empresa Ceiec y el ministerio.

En tres oficios de agosto y septiembre, el entonces gerente del proyecto de este sistema de rastreo, Roberto Vaca, pidió al contratista que entregara el protocolo de comunicación de la plataforma de monitoreo, para que esta sea manejada por la CNT.

Falta entrega-recepcion

En respuesta, el apoderado de la firma oriental, Wang Fei, dijo el 21 de septiembre que debido a que no ha sido suscrita el acta de entrega-recepción definitiva del contrato no se podría realizar ninguna modificación en el sistema tecnológico, porque podría afectarlo y los equipos quedarían sin garantía.

Por el cambio de proveedor, la exministra de Justicia Rosana Alvarado pidió al Consejo de la Judicatura, el 8 de agosto, que se comunique a los jueces para que se abstengan de ordenar nuevas instalaciones de grilletes. Sin embargo, al día siguiente, una jueza dispuso la colocación de este aparato a Fernando Alvarado. (I)

235 dispositivos de rastreo estaban disponibles en septiembre.