Son 6’440.350 firmas de ciudadanos que están comprometidas en alguna de las 278 organizaciones políticas que pueden participar en los comicios del 24 de marzo de 2019, que elegirán a alcaldes, prefectos y otras autoridades locales. Esto es el 51,77% del padrón en el que hay 12’438.406 ecuatorianos.

Si hay 278 grupos inscritos, “¿de dónde salen tantas firmas para inscribirlos?”, es la pregunta de la ciudadanía, reconoce la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) en transición, Diana Atamaint.

Explica que solo quienes integran el padrón pueden dar su firma a una agrupación. Y para el futuro restan 5’998.056 votantes que pueden hacerlo.

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Para ser un partido, el artículo 320 del Código de la Democracia exige un registro de afiliados de al menos el 1,5% del registro electoral utilizado en la última elección pluripersonal nacional. El 60% provendrá de provincias de mayor población y el 40% de las restantes.

Los movimientos deben entregar una lista de adherentes equivalente al 1,5% del registro de la última elección de la jurisdicción. Y de eso, 10% deben ser adherentes permanentes.

Es ese porcentaje el que las agrupaciones no logran cumplir y por ello son rechazados.

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Según Atamaint, recogen 100.000 rúbricas, de las que solo 5.000 son de adherentes permanentes. Las 95.000 restantes son solo de adherentes, y pese a tener más de lo solicitado, “quedaron fuera. Ahí está la trampa”, comenta entre risas.

Un ejemplo real es el del movimiento nacional Ecuatoriano Unido. Entregó 900.000 rúbricas, y solo 192.250 fueron calificadas. Según el CNE, ese 10% de adherentes permanentes es de 16.942 firmas. El trabajo de recolección fue “minucioso, no fue de recoger por recoger”, lo que los ayudó a fortalecer su organización, contó Fabián Zúñiga, líder de la agrupación.

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Esta tarea no es fácil. Benjamín Sánchez, secretario del movimiento Ahora, relata que ese proceso “es una locura”. Empezaron su trabajo hace tres años, dieron 190.000 rúbricas, y solo 46.000 se aceptaron. “Una de cada cuatro, porque la gente firma sin estar relacionada con el lugar en el que vota; o la firma no es la que tiene en la cédula; o consta en otro partido, incluso sin haberla dado”.

Para Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí, la inscripción también les fue difícil. En una primera ocasión recogieron 700.000 registros, pero el CNE cesado les rechazó. Volvieron a intentarlo, y fueron calificados después de entregar 900.000.

El sistema está ‘saturado’, hay “cientos de ciudadanos afiliados y hay otros que no están interesados en firmar”. Hay un “exceso de organizaciones, y muchas son de papel, pero en las elecciones de marzo veremos realmente cuántas tienen apoyo ciudadano”, opina.

Pero ante la dispersión de organizaciones, hay una “tarjeta amarilla”, recalca la consejera electoral; pues luego de los comicios de marzo, el CNE deberá analizar cuántas de las organizaciones cumplieron con el artículo 327 del Código de la Democracia, sobre cumplir con un porcentaje de autoridades electas. Si no lo logran, serán extinguidas.

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A Jorge Acosta, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, no le ‘asusta’ la existencia de todos estos grupos, pues considera que responde a la exigencia de los jóvenes que no se sienten identificados con los partidos tradicionales, porque “no les han dado cabida, no se han renovado, no preparan cuadros jóvenes. Entonces ellos están dándose la oportunidad”, desde los cantones y parroquias.

Aún hay 55 grupos que esperan su inscripción, cuyas firmas entregadas son parte de los 6 millones mencionadas.

Hay un proceso de investigación en la Fiscalía sobre el escándalo de las ‘firmas falsas’ que denunció el expresidente del CNE Domingo Paredes, en el 2012, pero del que se “desconocen resultados”, anotó Atamaint. Por ello, en el CNE no se puede hablar de que hay firmas adulteradas, sino de ‘inconsistencias’. (I)

Los firmantes

No podrán afiliarse a otra organización política a menos que hayan renunciado con 90 días de anticipación a la fecha del cierre de inscripciones del proceso electoral.