Verdad, justicia y reparación buscan al menos 200 personas que se consideran víctimas de una persecución política en el gobierno de Rafael Correa. Para ello se creó una Mesa de Verdad y Justicia, con la que el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio pretende evidenciar que el sistema de justicia en la década correísta fue usado para perseguir, encarcelar y amenazar a quien pensaba distinto.

“Bastaba el señalamiento de un ministro o en una sabatina para llegar a decidir un proceso judicial. (...) Hemos pasado una década de violación a los derechos humanos, de autoritarismo y eso ha ocasionado víctimas”, explicó Angélica Porras, vocal del CJ transitorio.

La mesa intenta evidenciar prácticas de injerencia en la justicia, contribuir a desmontar los mecanismos de persecución y dar recomendaciones que permitan a las autoridades: Fiscalía, Procuraduría y CJ, emprender acciones de reparación.

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En la reunión estuvieron colectivos como Víctimas del 30S, 10 de Luluncoto, 29 de Saraguro, 3 de Cotopaxi, del caso González y otros, pases policiales.

Paúl Jácome, uno de los tres procesados en Cotopaxi por el delito de rebelión, dijo que una vez que se analice cada caso se debe identificar a cada responsable político y jueces y fiscales que colaboraron con ese sistema. Se apunta a procesos administrativos, civiles y penales.

El presidente del CJ, Marcelo Merlo, explicó que desde hoy se iniciará la fase de recolección de datos. Un informe se entregará en diciembre. (I)