El envío de dos comunicaciones: una al fiscal del Guayas Edmundo Briones y otra al juez de Pichincha Luis Landázuri, que hizo Aquiles Rigaíl, presidente (e) del Consejo de la Judicatura de Transición (CJ), genera críticas en sus colegas vocales que los califican de “injerencia” en la independencia judicial de los funcionarios.

Ayer, luego de la posesión de delegados provinciales del CJ, Rigaíl dijo que solo buscaba información y lo hizo con las facultades que le dan al CJ la Constitución y el Código de la Función Judicial para “vigilar y controlar ciertas cuestiones”.

Pidió información en dos casos que le preocuparon. En el primero para saber la razón por la que se archivaron varias denuncias contra el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. “De 25 denuncias presentadas, se habían procesado dos o tres y el resto, al archivo. Eso me llamó la atención y quise información”.

El segundo caso era sobre el pago de intereses, los cuales no habían sido dispuestos en una sentencia contra Miguel Palacios, contrademandado por el entonces presidente Rafael Correa, luego de que el médico lo demandó primero. Le llamó la atención que la sentencia ordenaba a Palacios pagar $ 40.000, pero con intereses eran $90 mil. “Lo que hice fue consultarle al juez si existía en la sentencia un pago de intereses y el juez me contestó que no, que el perito se equivocó”, explicó.

Para el vocal Juan Pablo Albán, el envío de cartas a jueces o a fiscales es una injerencia. “Estas cartas son para mí más de lo mismo. No podemos mandar cartas ni a título personal, mucho menos a nombre de la institución, suscribiendo como presidente titular o encargado. No corresponde porque incluso eso no ha sido consultado al resto de vocales del CJ”.

La vocal Angélica Porras cree que estas son discrepancias válidas, pues se habla de erradicar todas las prácticas que muestren indicios, aunque sean leves, de injerencia. No está de acuerdo con mandar oficios para que se decida en uno u otro sentido. “Este es un tema en el que no se puede tranzar. No debemos admitir ninguna injerencia en la justicia”. (I)