Quienes fueron jueces, fiscales y defensores públicos y fueron destituidos por la figura del error inexcusable pidieron de manera formal a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) el reintegro “al cargo de origen, de inmediato”.

Se amparan en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) de transición del 4 de junio pasado, que cesó en funciones al CJ presidido por Gustavo Jalkh y otros cuatro consejeros, a quienes se acusó de “interferir en la Función Judicial para beneficiar a instituciones públicas”; y que legalmente “no tenían competencia para declarar el error inexcusable, pues existe norma expresa que otorga esa facultad a los mismos jueces”.

Son unos 50 exservidores que plasmaron en un escrito su exigencia, en la que plantean un proceso de ‘reparaciones’, que implican medidas como el pago de remuneraciones y otros beneficios de ley por el tiempo que duró la sanción.

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Este artículo es el 109, numeral 7 del Código de la Función Judicial, que se aplica por “intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”.

El vocal (e) de la Judicatura Juan Pablo Albán indicó que están revisando los casos de los exjueces. Pero no se conocía una estadística de cuántos fueron afectados, y evitó adelantar las posibles soluciones.

El código está vigente desde el 2009, pero desde su aplicación no se ha detallado un número concreto de casos.

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Así, entre los exjueces se habla de 380 y 400 destituidos. La organización internacional Human Rights Watch (HRW) recogió en un informe titulado ‘Ecuador: injerencia política en la justicia’ de abril pasado, que entre el 2013 y 2017 se reportaban 145 jueces suspendidos.

Y el CJ en su rendición de cuentas del 2017 reseña que hay 2.083 jueces en funciones, de los que 741 recibieron quejas y 23 fueron desvinculados.

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El Consejo de Participación (en la resolución que destituyó al anterior CJ) prefirió omitir la estadística porque no existían ‘consistencias’.

Hernán Ulloa es el abogado defensor de unos 150 afectados, y reconoció que se ha reunido con vocales del CJ a quienes les planteó “tres vías” para restituirlos, pero no quiso decirlas.

Asegura que el denominador común para aplicar el artículo 109 fue porque “jamás se sometieron a los designios de una autoridad que metió sus garras en la Función Judicial”. Por tanto, al ser “mal aplicada la norma, implica que estos sumarios son nulos”.

Y son las palabras del presidente del CPC transitorio, Julio César Trujillo, las que abrieron esa salida: “Me persuadí a mí mismo que la Judicatura había incurrido en este error y tenía que ser cesado (...). Hemos rescatado la Función Judicial de manos de sátrapas que creen que la acción popular les confiere todos los poderes”, dijo días atrás en Guayaquil.

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El legislador Esteban Bernal (CREO) impulsó un juicio político al antiguo CJ y cree que ahora la Asamblea puede reparar este hecho y hacer justicia con un “pronunciamiento para que exista un resarcimiento a aquellos jueces que fueron destituidos de manera ilegal”. (I)

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Jueces habrían sido desvinculados de sus cargos entre el 2013 y 2017, según reporte de Human Rights Watch.

Josué Sánchez
‘Lo que yo quiero es limpiar mi nombre’
“Lo que yo quiero es limpiar mi nombre. No puedo quedar manchado por estos”, se lamenta Josué Sánchez, ex juez penal de Tránsito del Guayas, que fue destituido dos veces por el cesado Consejo de la Judicatura aplicando el error inexcusable.

El caso surgió por una queja planteada por una mujer que estaba inconforme con la decisión de sustituir la prisión preventiva en contra de un hombre que había presuntamente atropellado a su hijo.

Se lo destituyó en julio del 2015. Apeló ante la Corte Constitucional, que ordenó lo reintegraran al cargo, pero la Judicatura lo volvió a destituir el 21 de julio de 2017. (I)

Paúl Cabrero
‘Había ejecutores del CJ presionando’
Paúl Cabrero fue juez penal en Esmeraldas y se le inició un “sumario administrativo de oficio” por haber concedido una medida cautelar que “son provisionales y pueden ser revocadas. Pero desde hace tres años la medida sigue vigente, lo que quiere decir que fue correcto”.

Relata que había “brazos ejecutores” del anterior Consejo de la Judicatura que solían acudir hasta los despachos de los jueces a presionar para que casos en los que tenían interés sean despachados a su favor. Dice que el error inexcusable no lo debe aplicar el CJ, sino un juez superior, por lo que cree que su destitución y la de otros son ‘ilegales’ y que ahora es el momento de impugnarlas. (I)

José Villagrán
Quiso presidir una Corte, pero fue cesado
También fue destituido por dos ocasiones: en noviembre del 2014 y en septiembre del 2015, por “dar la pelea” para evitarlo.

El ex juez civil de Guayas José Villagrán se dedica ahora al libre ejercicio, pero sabe que hay un pedido verbal entre los jueces para que ninguno de sus casos obtenga una sentencia favorable.

Fue parte de un tribunal de tres jueces del que solo él fue destituido, por una queja planteada por un ‘quejoso’ que no estaba de acuerdo en que haya declarado la nulidad de una causa.

Fue candidato a presidente de la Corte de Guayas, y cree que ello influyó en su sanción, porque el CJ quería que otro llegara al cargo. (I)

Fernando Albán
Fue cesado por revocar una prisión preventiva
Su caso podría ser el primero en llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues ya agotó las instancias internas. Se trata de Fernando Albán, exjuez de la Corte de Justicia de Lago Agrio que fue cesado en el 2015 por haber revocado la prisión preventiva en un caso penal. Pero el CJ les había dicho que había “manifiesta negligencia”.

Cree que la sanción fue política porque, en una ocasión, un exfuncionario del Ministerio del Interior acudió hasta su oficina y le dijo que lo ayudara a “confirmar” la detención de personas involucrados en las muertes entre los huaoranis y taromenanes, pero él le dijo que actúa en derecho. (I)