La reserva de su trabajo le impide decir si la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) ha hecho reportes sobre el exfiscal Galo Chiriboga o el embajador en Panamá, Galo Enríquez, por su participación en los Papeles de Panamá. No obstante, la directora de esa institución, Diana Salazar, sabe que hay mucho por hacer en los casos revelados en esa filtración.

La Fiscalía panameña halló que en el caso Petroecuador participaron personas no procesadas en Ecuador, como la coreana SK y el subcontratista Armengol Cevallos. ¿Por qué se da esto?
Yo le puedo responder en el ámbito de mis competencias y desde la fecha que estoy en la Unidad (febrero de 2018). Sobre las publicaciones que ustedes han realizado, hemos solicitado consultas a nuestros homólogos en Panamá y Suiza. Sobre su preocupación de por qué sí en otros países y aquí no, quizás se debe a que los países adoptan una estrategia de investigación y es hasta cierto punto discrecional lo que pueden dar a otro país para cuidar su investigación.

Panamá hizo la acusación en noviembre del año pasado. Desde entonces, ¿no ha habido completa apertura?
Sobre esa cooperación y esa apertura yo le sugiero que pregunte a Fiscalía porque son las autoridades centrales que podrían intercambiar información. Mi nivel de información pasa por intercambio entre unidades de inteligencia financiera.

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¿Cómo funciona su convenio de cooperación con las unidades de inteligencia financiera de Panamá y Suiza?
Nosotros pertenecemos a un grupo que aglutina a la gran mayoría de unidades de inteligencia financiera a nivel mundial. A través de esa plataforma se puede intercambiar información y es de carácter reservado. Yo no le puedo decir si he intercambiado información o no.

¿Cómo ve usted los reportes que ha hecho la UAFE con respecto a los casos Petroecuador y Odebrecht?
La UAFE realiza sus reportes y los envía a la Fiscalía. Otra copia reposa en los archivos de aquí. Al ser documentos reservados, están en una caja fuerte. Yo no tengo la posibilidad de revisar qué se hizo y qué no.

¿Esos archivos son reservados incluso para usted?
Habría que desclasificar porque están sellados esos sobres. Y al momento en que alguien accede a esa información hay que poner por qué. Lo que yo tengo que hacer es ir identificando todas estas operaciones nuevas y generar nuevos reportes. No corresponde revisar lo que se hizo en el pasado y decir si está bien o está mal porque es lo que se hizo.

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¿Y ha hecho nuevos reportes sobre estos casos?
Nuevamente, esos reportes son reservados. Nosotros podemos hablar de ellos una vez que se ha formulado cargos.

Los Papeles de Panamá revelaron más casos, pero la Fiscalía no investigó o no acusó por falta de información de otros países.
Los fiscales que estuvieron al frente de esos casos son los que deben explicar.

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¿Qué sensación le deja esta situación?
La sensación que me deja es que hay mucho por hacer, que hemos hecho muy poquito y que hay que continuar con el trabajo.

¿Por qué se ha hecho poco? ¿Dónde está la falla?
Esto correspondería a un análisis más profundo, hasta sociológico, sobre nuestro sistema. Pero yo considero que esta es una nueva época. Es hora de asumir el compromiso sin ir contra personas sino contra hechos.

Al momento, hay una sentencia por cohecho en el caso Petroecuador por la cual los involucrados deben retribuir $ 25 millones al Estado...
Pero, ¿cómo cobrarlos si puede que ellos no tengan un patrimonio por ese monto?

Exactamente, ¿cómo hacerlo si el dinero está afuera?
Hay que negociar con Suiza y Panamá, y decir estos fondos son míos. Ellos dirán mi sistema financiero también fue afectado y esto me pertenece. Es un tema de negociación,

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¿Quién debería encargarse de eso?
Eso hay que definir. Tenemos ya una sentencia. Esta debe estar ejecutoriada. Y una vez que lo esté, hay que comenzar la negociación, que debe ser a nivel estatal, no de una u otra institución. Se debe conformar una mesa de negociación.

¿No hay una norma que defina eso?
Existen experiencias internacionales y estamos aprendiendo. Trabajamos con Naciones Unidas en eso. Ellos nos están dando luces de cómo comenzar a hacer eso.

Cuando era fiscal, usted investigó un caso de tráfico de oro en el que apareció un audio que involucraba a Caupolicán Ochoa con posibles sobornos a jueces. ¿Se judicializó eso?
Cuando formulé cargos en ese caso, yo remití eso a la Fiscalía General del Estado.

¿Al doctor Chiriboga?
En esa época el doctor Galo Chiriboga, para que inicie una investigación previa porque eso ya no me correspondía a mí porque yo era fiscal de Lavado de Activos. Yo continué con mi proceso de lavado de activos. Ahora estamos en casación en ese caso porque fallaron de cualquier manera los jueces. Esperamos revertir eso. Son $ 500 millones de perjuicio. Pero ahí existían audios que involucraban a muchos funcionarios, no solo al señor Ochoa. Había de todo. En su momento remití esos audios para que sean investigados en la respectiva Unidad de Administración Pública. Habría que ver qué pasó.

¿Y se cercioró de que esas indagaciones se abran?
Deberían estar abiertas o con instrucción.

O archivadas...
Pensaría que están archivadas porque de lo contrario ya estaría procesado el señor Caupolicán Ochoa por tráfico de influencias.

¿Cuáles son sus planes dentro la UAFE?
Fortalecer las relaciones internacionales para ir recabando mayor información. Además, vamos a mejorar la generación de estos reportes. Quiero automatizar todo el sistema para que sean más precisos, de tal manera que cualquier persona que sea objeto de investigación ya no le quede mucho campo de acción para la defensa. También estamos formando parte de los procesos presentando acusaciones particulares.

Hay críticas sobre el edificio donde funciona la UAFE porque resulta muy suntuoso. ¿Es así?
Cuando yo llegué a este edificio, la Unidad ya funcionaba aquí y me enteré que lógicamente no era del Estado y que se pagaba $ 60 mil mensuales de arriendo. Es demasiado. Usted ve que es un edifico muy bonito, que las instalaciones son adecuadas para el funcionamiento de la Unidad, sin embargo, estamos en un tema de austeridad. Entonces hemos venido coordinando con Inmobiliar. Nos han presentado varias opciones. Estamos buscando la manera de salir de aquí lo más pronto posible.

Recientemente la UAFE ha emitido reportes que involucran a funcionarios públicos y hay uno que habla de narcotráfico. ¿De qué se trata?
Vale la pena hacer la aclaración. Desde que yo me encuentro en funciones, desde febrero, hemos emitido cinco reportes. Cuatro tienen que ver con hechos de corrupción. Uno de ellos ya está judicializado, que es el tema del señor (Iván) Espinel; tres de ellos todavía se encuentran en fase de investigación previa y tienen que ver con empleados públicos en funciones que no son del Ejecutivo. Y el quinto reporte tiene que ver con actividades relacionadas con narcotráfico, de un particular. (I)