La Fiscalía sustenta su pedido de vincular a Rafael Correa en la instrucción fiscal que se sigue por el secuestro de Fernando Balda, en Colombia en 2012, en las declaraciones de los mismos exfuncionarios que ejercieron en su gobierno. Esta fue parte de la respuesta que entregó la tarde de ayer el fiscal general (e), Paúl Pérez, ante los cuestionamientos que surgieron una vez que se conoció que pidió a la jueza Daniela Camacho defina fecha para vincular al exmandatario.

Pérez indicó que en estas últimas semanas han encontrado elementos de convicción que se consideran suficientes para realizar la vinculación. Y que dentro de la investigación han establecido la existencia de órdenes que se generaron en una cadena de mando.

Hasta el momento, todos los procesados en esta causa en la que se investiga una asociación ilícita y plagio (secuestro) fueron funcionarios públicos: los agentes de Inteligencia de la Policía Raúl Ch., Jéssica F. y Jorge E., el exdirector de Inteligencia de la Policía Fausto Tamayo y el ex secretario nacional de Inteligencia (Senain) Pablo Romero.

Pérez defendió la legalidad de su decisión y la legitimidad del cargo. Recordó que su compromiso fue que no se daría ninguna persecución política, ni tampoco dejaría en la impunidad ningún delito que hayan cometido personas que ostentaron el poder.

Horas antes, Diego Chimbo, defensa de Raúl Ch. y Jéssica F., agentes que son colaboradores eficaces en este caso, señalaba que el pedido de vinculación ha obedecido a pruebas y argumentos presentados dentro de la colaboración eficaz. “Jamás se negó el evento que sucedió en Colombia y lo que se ha hecho es develar cuál era la cadena de mando y de dónde nació la idea principal”, dijo.

Según Patricio Abad, defensa de Tamayo, ellos entregarán toda la información que se les requiera porque son inocentes y porque todo se habría hecho en mandos altos: “Las mismas versiones van diciendo que fue en el despacho de la Presidencia, no lo digo yo, lo dice la versión de Rommy Vallejo”.

Vallejo, quien a la fecha de los hechos era asesor de seguridad del expresidente Correa, en su versión del 5 de junio pasado, reconoció que estuvo en Colombia días antes de que ocurriera el secuestro, pues le solicitaron que averiguara si Balda estaba en Colombia. Al ser consultado sobre quién le solicitó eso, la respuesta fue que el presidente de la República, que en ese entonces era Rafael Correa. (I)

La Asamblea debe conocer la petición de la jueza, debe autorizar o negar el inicio del juicio penal en contra del expresidente de la República, a quien se le está imputando un delito penal que supuestamente se cometió cuando fue presidente”.José Serrano, asambleísta AP