El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Rubén Flores, desconoció ayer una deuda por $ 13 millones que supuestamente debería pagar la institución a la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA-EP) por la compra de arroz para su exportación a Cuba, que se hizo hace cinco años a cambio de la llegada de médicos de ese país para dar atención en Ecuador.

La inusual operación, que según Flores no cuenta con un respaldo legal para el supuesto pago, se realizó en el 2013 y consta en un acuerdo interministerial firmado por los entonces ministros de Agricultura, Javier Ponce, y de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño.

“Hay una deuda que no la acepto; una deuda que la UNA tiene registrada como MAG; es un intercambio de arroz ecuatoriano con médicos cubanos: vinieron los médicos y se fue el arroz, pero nadie le pagó a la UNA”, dijo Flores ayer, en medio de una comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, presidida por Esteban Albornoz (Revolución Alfarista).

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La presencia del ministro fue requerida ante las protestas en el sector arrocero por el tema de precios de la gramínea y de otros productos como el maíz, la papa y la leche.

El Acuerdo Ministerial 176, del 3 de mayo de 2012, firmado por Ponce y Patiño, indicaba que “la República de Cuba ha brindado cooperación al Ecuador en ámbitos como el de la medicina, mediante el envío de profesionales para dar atención en diversas patologías a la comunidad ecuatoriana; saneamiento; otorgamiento de becas a estudiantes ecuatorianos para estudios de educación superior y de especialización; y que en reciprocidad a esta solidaridad y cooperación del Gobierno de la República de Cuba, la República del Ecuador ha decidido hacer entrega a ese país, en calidad de justa compensación, la cantidad de quince mil (15.000) toneladas de arroz”. Sin embargo no identificó quién pagaría el costo a la UNA.

Paulo Proaño, gerente de UNA-EP, indicó que la deuda ha complicado el pago a agricultores por falta de liquidez. Comentó que se realizarán mesas técnicas con Agricultura y Cancillería para ver “quién tiene que pagar”.

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El Ministerio tenía otra deuda con la UNA-EP por $ 14 millones por concepto de fertilizantes, que de acuerdo con Flores y Proaño, ya se ha cancelado en parte. También tenía una por $ 1,1 millones desde hace 3 años por la compra de quinoa, que finalmente se canceló en esta administración.

Asambleístas como César Rohon (PSC) pidieron que el tema sea puesto en manos de la Contraloría General, a lo que el ministro indicó que este caso ya se está estudiando en dicho organismo de control. (I)