La Contraloría confirmó este jueves que se hallaron indicios de responsabilidad penal tanto en los exámenes realizados a la preventa petrolera con China (Petrochina y Unipec), así como en las investigaciones en el caso llamado Caminosca.

El primero tiene que ver con los contratos de largo plazo de compraventa de petróleo; y el segundo con el contrato de Caminosa en el poliducto Pascuales-Cuenca.

Sobre el tema de Petrochina y Unipec, la Contraloría ya había emitido el informe DNA6 0012 2017 sobre procesos precontractuales, contractuales y de ejecución de los contratos de compraventa de crudo que celebró EP Petroecuador con las citadas empresas.

Uno de los hallazgos más importantes es que en dichos contratos se suscribieron enmiendas que perjudicaron a la empresa petrolera Petroecuador por $ 47,8 millones. De estos, un total de $ 26,2 millones se dejaron de percibir en los contratos con Petrochina y los restantes $ 21,6 en los contratos con Unipec.

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La Contraloría también explica en el informe que no se analizó el Acuerdo de cinco partes suscrito el 20 de diciembre de 2012 entre EP Petroecuador, Finanzas, Unipec, Petrochina y China Development Bank, debido a que Finanzas ha señalado que dicho contrato tiene carácter de reservado.

Adicionalmente, estableció que en el proceso contractual no se presentaron los estudios técnicos económicos y legales correspondientes. Además, que el gerente de Comercio Internacional no verificó los destinos a los cuales se iba a dirigir el crudo, antes de la firma de los contratos.

Según Contraloría, los contratos establecían la entrega de 61,7 millones de barriles en cada contrato tanto a Petrochina como a Unipec. (I)