La intención de convocar al pleno de la Asamblea Nacional al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, para que explique la disposición de $ 300 millones de la cuenta para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016, no prosperó.

Si bien 94 asambleístas votaron a favor para que el pedido de comparecencia se incorpore en el orden del día de la sesión 494, este tema no fue discutido en el pleno, porque la presidencia de la Asamblea suspendió la sesión y no reveló cuándo el tema volverá a debate.

El principal cuestionamiento que recibió el ministro De la Torre, en la Asamblea Nacional, fue haber ordenado el uso de recursos para otros fines distintos a la reconstrucción de las dos provincias afectadas por el sismo de abril del 2016.

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Pero ayer, el Ministerio de Finanzas reaccionó y emitió un comunicado anunciando la restitución de los $ 300 millones, y aseguró que esos recursos fueron “temporalmente transferidos por concepto del Manejo Integrado de Li   quidez, (y) ya han sido reintegrados en su totalidad a la Cuenta para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto de abril del 2016”.

“Los fondos están intactos”, señaló en el comunicado y que el Gobierno velará porque los proyectos de reactivación y reconstrucción se cumplan.

Los legisladores Tanlly Vera, Rina Campain (CREO), Juan Lloret (AP-correísta), Jorge Yunda (AP-morenista), Guillermo Celi (SUMA) y Roberta Zambrano (PSC) anunciaron que la Asamblea debe ir más allá de la comparecencia en el pleno, y no descartaron que lleven al ministro a un juicio político en su contra.

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Vera, acompañada del bloque CREO, reprochó al Gobierno por permitir que la gente afectada por el terremoto, de hace dos años, siga viviendo en carpas y advirtió que es la segunda vez que se toman recursos del fondo de solidaridad.

Guillermo Celi (SUMA) dijo que a más del ministro deberá acudir el secretario técnico de reconstrucción, Carlos Bernal, a rendir cuentas sobre el retiro de los $ 300 millones, que eran de Manabí y Esmeraldas, y que no se usaron oportunamente, ahí hay negligencia, afirmó.

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Roberta Zambrano (PSC) comentó q   ue el camino es llevar al ministro a un juicio político, porque lo que está pasando “no tiene nombre”, pues habiendo recursos no se utilizaron para superar la situación de las personas.

Juan Lloret (AP-correísta) indicó que no descarta un juicio político por la utilización de recursos que tenían un fin específico, pues en algunas obras “el gobierno de Lenín Moreno no dio continuidad”. (I)