De ganar el Sí en la pregunta 6, una de las dos que se ubican en el apartado correspondiente a consulta popular (las otras cinco son parte del referéndum constitucional), el presidente Lenín Moreno deberá enviar a la Asamblea un proyecto de ley con el carácter de económico urgente para derogar la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, denominada “Ley de Plusvalía”.

Dicha normativa fue aprobada por el Legislativo el 27 de diciembre de 2016.

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El anexo 1 de la pregunta señala que el primer mandatario tendrá un plazo no mayor de 15 días desde la publicación de los resultados de la consulta popular, prevista para el 4 de febrero del año próximo, en el Registro Oficial para hacerlo.

En este caso, según el asambleísta Augusto Espinosa (AP-facción correísta), presidente de la Comisión de Educación, el Legislativo analizaría el contenido del proyecto urgente y se tomaría una decisión con los plazos que establece la normativa, aunque aseguró que si en la consulta popular triunfa el Sí, “hay muy poca capacidad de maniobra de la Asamblea”.

El legislador no está de acuerdo con la derogación de la ley, la cual considera que cumple con controlar la especulación de la tierra y beneficia, sobre todo, a la clase media.

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“La ley para evitar la Especulación de la Tierra favorece a quienes quieren adquirir vivienda y limita las ganancias extraordinarias a los especuladores de tierras, no limita la ganancia ordinaria al constructor”, sostuvo.

Para Enrique Pita, presidente de la Federación de las Cámaras de la Construcción del Ecuador, gremio que se inscribió para realizar campaña específicamente a favor de la pregunta de la Ley de Plusvalía, aseguró que la normativa sí afectó al sector en cerca del 40% de su actividad; incluyendo paralización de proyectos inmobiliarios, el decrecimiento de permisos de construcción en todos los municipios del país y en los registros de la propiedad, y en las compraventas; aunque refiere que la cifra oficial, dicha por Moreno, se ubicó en un 7% de afectación al sector.

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“Esto significa que 100 mil personas no han podido trabajar, pero por cada obrero de la construcción se entiende que hay entre dos y tres en las actividades relacionadas con la industria, así que podríamos establecer que serían cerca de 300 mil familias que han sufrido el impacto”, analizó Pita.

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Al respecto, Espinosa señaló que lo dicho por el primer mandatario sobre la afectación del sector por causa de la ley, no soporta ningún análisis técnico.

“Eso no tiene ningún sustento, porque el sector de la construcción se contrae o se expande en función de los ciclos económicos en el Ecuador y en todo el mundo”, dijo Espinosa.

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El dirigente aseguró no conocer alguna propuesta sobre el proyecto que pueda presentar el presidente de ganar el Sí y admitió: “Confiamos en sus pronunciamientos públicos respecto al daño que esta ley ha causado a las actividades productivas y a la generación de empleo”.

Aclaró que la posible derogación de la Ley de Plusvalía no significa la recuperación inmediata del sector; para eso, explicó, el Gobierno debe emitir políticas para reactivar la economía y un entorno de confianza “que no se ha dado hasta ahora”. (I)

¿Está usted de acuerdo con que se derogue la Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo 1?