Luego de la supuesta matanza a los taromenanes, el Ministerio de Justicia se convirtió en el principal impulsor del proceso contra los 17 waoranis acusados. Entregó, en el 2013, fotos impresas y digitales referentes al ataque, las coordenadas del posible lugar del incidente y un informe relativo a la presunta comisión de Genocidio y Etnocidio.