Luego de la supuesta matanza a los taromenanes, el Ministerio de Justicia se convirtió en el principal impulsor del proceso contra los 17 waoranis acusados. Entregó, en el 2013, fotos impresas y digitales referentes al ataque, las coordenadas del posible lugar del incidente y un informe relativo a la presunta comisión de Genocidio y Etnocidio.

Cuatro años después, el organismo no respondió a este Diario sobre las acciones que desarrolla en la actualidad sobre el caso y sobre el pedido de los waoranis de que la audiencia definitiva se dé en su comunidad. Este Diario envió dos correos, según lo acordado con Iliana Tinoco, de Comunicación de la entidad.

El primero, con fecha 18 de septiembre, para solicitar autorización para acceder a Dicaro y Yarentaro, porque en la zona rigen medidas cautelares. No hubo respuesta y el ingreso se dio solo con la venia de la comunidad. El pasado martes, este Diario pidió una entrevista y, por pedido de Tinoco, la temática. No hubo respuesta hasta ayer.

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La evolución del proceso contra los waoranis fue variando desde una acusación de genocidio, etnocidio hasta homicidio. ¿Acaso esa acusación no estuvo bien sustentada?, se le interrogó. Fueron seis temas, entre ellos la denuncia de los waoranis y sus abogados de que hubo un intento de intimidación de parte del Estado para ingresar a explotar el ITT.(I)