Desde el 1 de septiembre rige el decreto de austeridad en Ecuador

Treinta y un artículos comprende el decreto presidencial N° 135, firmado por el presidente Lenín Moreno, referido a la austeridad que, entre otros puntos suspende el pago de remuneración variable por eficiencia en los años 2017 y 2018 y que además elimina vacantes de todas las instituciones del Estado.

Entre los ajustes está la unificación de la escala remunerativa del personal de las empresas y banca pública a la del sector público. Además, como ya había anunciado Moreno, a los funcionarios del grado 2 del jerárquico superior se le reduce un 10% del sueldo unificado.

En este tema se exceptúa a los directores y gerentes de hospitales, centros y unidades de salud. También a los miembros activos de Fuerzas Armadas, Policía y Comisión de Tránsito.

El uso de teléfonos celulares institucionales se permitirá solo para el grado 7 y superiores del Nivel Jerárquico Superior. En el caso de Empresas Públicas, solo serán asignados a las Gerencias Generales.

Se eliminará el pago de viáticos por residencia, a excepción de la Función Legislativa.

Se ha dispuesto también la reducción del personal asignado a la seguridad de las autoridades públicas.

Reasignación de personal

Asimismo, se eliminan las vacantes de todas las instituciones del Estado y se creará un banco de servidores (de acuerdo con parámetros técnicos) que estará a disposición del Ministerio de Trabajo para reasignar personal en otras entidades.

Adicionalmente, el decreto indica que se evaluarán las cargas de trabajo de los funcionarios y obreros para buscar una optimización en las dos grandes empresas: Petroamazonas y Petroecuador.

El Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Planificación (Senplades) analizarán la eliminación de instituciones de la Función Ejecutiva que no generen aporte significativo.

Se hará, además, una racionalización del pago de horas extraordinarias y suplementarias, que podrá ser de hasta 30 horas al mes, y con justificación.

En la segunda parte del decreto se habla de una optimización del gasto de bienes y servicios. Así, se plantea que no se reconocerá el pago de viáticos por gastos de residencia.

Habrá más control en los viajes al exterior. Y se buscará disminuir las movilizaciones internas de las autoridades dando preferencia al uso de las videoconferencias.

Se elimina la compra de pasajes aéreos premier, pero se los mantiene para miembros del gabinete y personal autorizado por la Secretaría General de la Presidencia. Se deben seleccionar las cotizaciones de pasajes de menor valor, dice la norma.

"Con fines de optimización en la adquisición de pasajes, se deberá seleccionar el menor valor de las cotizaciones de pasajes por internet, de las agencias de viajes, de la compañía u otros", dice el documento.

Se prohíbe la compra de autos de alta gama y se dispone la enajenación de los existentes, se podrán usar máximo dos vehículos todoterreno por unidad financiera. Se prohíbe a la Función Ejecutiva realizar eventos y capacitación en hoteles, hosterías y locales privados, salvo los debidamente autorizados.

Andrés Mideros, de la Senplades, adelantó que con las medidas, según los datos de la cartera de Finanzas, se espera ahorrar entre $20 millones y $ 30 millones; pero no especificó en qué periodo.

Horas extras y permisos pagados se evaluarán

Habrá una planificación de jornadas suplementarias y extraordinarias hasta un monto de 30 horas al mes, con debida justificación. Se evaluarán las licencias con remuneración para los servidores públicos en estudios de maestría o posgrado.

El Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Planificación y Desarrollo deberán identificar las unidades de las instituciones públicas que no generen un aporte significativo para proceder a su eliminación.

La Secretaría de la Presidencia de Ecuador autorizará los viajes al exterior de los servidores públicos del ejecutivo para eventos oficiales. Se priorizarán las videoconferencias, para evitar las movilizaciones internas para cumplir funciones de trabajo.

Se prohíbe la realización de eventos públicos y de capacitación en hoteles, hosterías y locales privados, excepto los autorizados por la Secretaría de la Presidencia, según el documento presidencial cuya fecha de vigencia es el pasado viernes 1 de septiembre.

El decreto no aplica a las funciones Legislativa, Judicial y Electoral, pero les exhorta a aplicar las disposiciones. (I)