Los exjueces Madeleine Pinoargote, Josué Sánchez, Richard Proaño, entre otros, denunciaron ayer que cerca de 40 magistrados habrían sido “destituidos ilegítimamente” por el Consejo de la Judicatura (CJ).

Proaño indicó que fue separado de su cargo por emitir fallos en contra de personas cercanas a funcionarios del anterior régimen. “Me sacaron por fallar contra Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, en un juicio de alimentos en el que establecí una pensión alimenticia por $ 4.000. No cedí a presiones y por eso me destituyeron”, dijo.

El exmagistrado aseguró que el abogado de Rivera, cuyo nombre no mencionó, le habría ofrecido “$ 20.000 para establecer una pensión de $ 600”.

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Pinoargote, en cambio, afirmó que hace dos años fue destituida por realizar un auto de nulidad por fallas en el debido proceso en el caso Fondos Global. “Se metieron a mi despacho Wilson N., Abelardo A., Pablo C. y dos mujeres que desconozco su procedencia, me amenazaron con meterme presa si no me excusaba”.

En este caso, dijo Pinoargote, supuestamente hubo intereses del exfiscal general Galo Chiriboga. “Me inventó el delito de prevaricato continuado”, manifestó la exjueza, quien solicitó “medidas de protección para poder presentar todas las evidencias” que dicen tener.

Julio Aguayo, director (e) del CJ en Guayas, negó que existan presiones a jueces en el sistema judicial. En los casos puntuales denunciados por Proaño y Pinoargote,  Aguayo dice que se estarían confundiendo los criterios. “Lo del juez Proaño no fue en la administración de Gustavo Jalkh. A él lo sancionó el CJ de transición y lo de la magistrada Pinoargote, ella  debe ser responsable de lo que dice y si conoció de algún delito debió denunciarlo en su momento... Si tienen pruebas, como dicen,  deben presentarlas”, señaló.

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Hernán Ulloa, abogado de los exjueces, anunció que iniciarán acciones penales por presunto tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión y delincuencia organizada. (I)