La Fiscalía investiga de forma previa a vicepresidente Jorge Glas dentro de un posible delito de peculado

El vicepresidente de la República, Jorge Glas, se ve envuelto en un nuevo caso de presuntas irregularidades. La Fiscalía General abrió este jueves una indagación tras haber recibido un informe de Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal dentro del proceso de contratación del Consorcio DGC para la explotación petrolera en el campo Singue (en Sucumbíos).

El fiscal general, Carlos Baca Mancheno, confirmó el jueves que Glas es uno de los indagados por un “potencial delito de peculado”. Sin embargo, aclaró que recién se inicia la investigación y que podrían confirmarse o descartarse dichos indicios. Además explicó que en esta etapa no existe una posible figura de prohibición de salida en contra de los investigados.

Según el informe de Contraloría, sobre el proceso precontractual, contractual y de ejecución del contrato habría existido un perjuicio al Estado por $ 5,2 millones, producto de un pago en demasía al Consorcio.

Glas, como ministro de Sectores Estratégicos, formó parte del Comité de Licitación Hidrocarburífera que aprobó el informe de un equipo negociador y recomendó la firma del contrato de servicios petroleros en favor del Consorcio DGC (conformado por Dygoil y Gente Oil Development Ecuador LLC), pese a que constató que no se cumplieron condiciones básicas de la licitación.

Ese Comité estaba conformado también por el viceministro de Hidrocarburos (Carlos Pareja Yannuzzelli), María Lorena Espinoza Arízaga, coordinadora general jurídica, y Ramiro Cázar Ayala, subsecretario de Hidrocarburos.

La empresa Gente Oil está relacionada con el entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor (actual delegado del Ecuador ante la OPEP), pues su hija Silvana Pástor Tapia fue la apoderada de la empresa.

Contraloría dice que entre 2013 y 2016 el Estado pagó a estas contratistas privadas $ 137,5 millones por la extracción de 4,9 millones de barriles, con tarifa de $ 33,50 por barril.

Sin embargo, la Contraloría detectó que la tarifa debió ser menor ($ 32,45) considerando que el número de barriles extraídos fue 244,7% más de lo que se preveía podía obtenerse en 20 años. La mayor producción debió alertar a las autoridades a renegociar la tarifa. Esto no ocurrió y por ello se considera que ha habido un perjuicio al fisco de $ 5,2 millones. Los datos de reservas fueron elaborados por José David Burgos Zambrano (subsecretario de Estudios), quien tres meses después pasó a trabajar en el Consorcio adjudicado.

El secretario de Hidrocarburos, Ramiro Cazar, fue informado sobre la mayor producción, pero no hubo recomendación de un contrato modificatorio para revisar los términos de la tarifa.

Cinco meses después de la firma del contrato, Dygoil salió del Consorcio transfiriendo todas sus acciones a Gente Oil. Este proceso también es observado por la Contraloría, pues se indica que la empresa que fue constituida en marzo del 2015 en el paraíso fiscal de Singapur no justificó su solvencia financiera ni capacidad operativa por sí misma. (I)