Contralor renuncia a acción penal contra Comisión Anticorrupción tras pedido de Lenín Moreno

(Actualizado a las 22:50) Dos sentencias en menos de diez minutos recibieron ayer los nueve comisionados anticorrupción querellados por el contralor Carlos Pólit por una supuesta calumnia.En la primera resolución, la jueza Karen Matamoros señalaba a todos autores directos del delito de calumnia y los sentenciaba a cárcel y pago por daños y perjuicios; mientras que en la segunda, la misma jueza solo minutos después y luego de que el demandante desistió de la acción, declaraba extinta la acción penal privada.En noviembre del 2016, Pólit presentó su querella para probar que fue calumniado por María Arboleda, Byron Celi, Simón Espinosa, Isabel Robalino, Germán Rodas, Ramiro Román, Julio César Trujillo, Juan Vega y Jorge Rodríguez, a través de una denuncia en la que le imputaban al contralor del Estado el delito de cohecho.El 18 de febrero de 2016, la Comisión Anticorrupción presentó en la Fiscalía una denuncia por un supuesto sobreprecio en el avalúo de un terreno para la Refinería del Pacífico.Durante la lectura del fallo de más de 21 minutos, la jueza no dio paso a los alegatos de prescripción de la acción y abandono de querella solicitados por los demandados. Solo concluyó que la falsa imputación del delito estaba probada por la resolución del juez Marco Maldonado quien, en julio de 2016, ordenó el archivo de la denuncia de los comisionados y la declaró como maliciosa y temeraria.Media hora antes de la reinstalación de la audiencia, el presidente electo, Lenín Moreno, exhortaba a Pólit en Twitter a revisar la demanda.Los ánimos se encendieron en la sala 208 del Complejo Judicial. “Sinvergüenzas”, “ratas asquerosas” y “fuera, serviles, fuera” eran los gritos con los que los presentes rechazaban la condena de un año de cárcel y el pago de un salario del contralor por cada comisionado.Una vez que la jueza terminó de leer la sentencia, el abogado de Pólit, Hernán Ulloa, leyó un comunicado en el que se decía que tras recibir la notificación por escrito, el afectado renunciaría a la querella.Ulloa decían que tomaba la decisión una vez que se ha reconocido judicialmente que por parte de los querellados existió una calumnia y que con la elección del nuevo presidente de la República, la Contraloría quiere contribuir con el ambiente de paz y conciliación.Ramiro García, defensor de Celi y Román, calificó de “sinvergüencería” la actuación del querellante, pues dijo que esa decisión podría haberla tomado en cualquier otro momento del proceso y no esperar que la jueza dicte sentencia. “Me parece que se está jugando con la administración de justicia”.Felipe Rodríguez, defensor de Vega y Trujillo, solicitó a la jueza que verbalmente decida sobre el desestimiento y la extinción de la acción hecha por el querellante. Matamoros no demoró en acoger el pedido y luego de aceptar el desestimiento declaró extinta la acción penal privada y abandonó la sala entre gritos de insulto y protección policial. "Honra fue mancillada", dice Contraloría "La decisión de la jueza demuestra que la honra de un ciudadano probo fue mancillada ante la opinión pública, sin ningún sustento o prueba. Esto, en la medida que la documentación presentada ante la Dra. Matamoros, como parte de este juicio, demostró que la Contraloría General del Estado, a través del examen especial efectuado a la compra de los terrenos para la Refinería del Pacífico, cumplió con sus obligaciones constitucionales y legales, estableciendo la respectiva responsabilidad civil culposa, por el perjuicio generado a los recursos públicos", se indicó en un comunicado.La institución, en su escrito, señaló que "a partir de esta sentencia, la Contraloría General del Estado –más allá de las sanciones punitivas o económicas establecidas por el cometimiento de delitos–, considera necesario que se genere un precedente respecto a denuncias infundadas, que buscan desprestigiar la honra de personas y manchan la imagen de instituciones como la Contraloría General del Estado, que trabaja a diario, con compromiso y responsabilidad, para defender los recursos que pertenecen a todos los ecuatorianos". (I)

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