Pedro Delgado, el exasesor presidencial, extitular del Banco Central del Ecuador (BCE) y primo del presidente Rafael Correa, se siente traicionado. Asegura que salió del Ecuador tras un acuerdo del que participaron Vinicio Alvarado, Alexis Mera. Incluso le asignaron un abogado para su defensa.

¿Cuál fue el acuerdo?
Que yo tenía que dar la rueda de prensa para reconocer la falsificación de mi título de economista y renunciar. Y ahí estuvo Fernando Alvarado, estuvo (Leonardo) Berrezueta, que era el secretario de la Presidencia, y Alexis (Mera) me explicaba ciertas cosas. Por ejemplo, que en la terminología jurídica... con ese acuerdo me comprometía a regresar. Se acordó que el abogado que estaría conmigo en el tema era Caupolicán Ochoa. No sé si ya (Galo) Chiriboga sabía, y me dijo: ‘Sí va a ser duro, pero qué bueno que esté Caupolicán’ (dio copias de esos chats). Llego a Miami el 20 de diciembre de 2012 e inmediatamente Ricardo Patiño, entonces canciller, anuncia que ha pedido al Gobierno norteamericano que me revoque la visa. Y Rafael sale en su sabatina a decir que yo era un traidor, que los había hecho quedar mal. Entonces, el que traiciona el acuerdo fueron ellos...

¿El único problema en ese momento era el título de economista, no era el caso Duzac ni su administración al frente del fideicomiso?
Así es. Lo único que se ha judicializado es el tema de Duzac, y se lo hizo como ya he indicado, de una manera tendenciosa. Lo único que yo pido es que recuerden que cuando estaba Pedro Delgado, todo estaba en los portales web, luego se borró todo. Y la ley que se está discutiendo ahora, el golazo que los borregos van a levantar la mano y pasarlo es para proteger a los grandes deudores.

Hablemos también del caso. ¿El juicio que el entonces gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), Carlos Bravo, puso en Estados Unidos para incautar las empresas y bienes de los hermanos Isaías Dassum en Miami no fue un tiro por la culata?
Vale la pena poner en contexto esto. Carlos Bravo contrata a un estudio de abogados en la Florida para llevar este caso, pero lo hace sin informar a la AGD. A las pocas semanas de la salida de Bravo, llega una carta pidiendo que entreguemos información para poder continuar el caso en EE.UU. Tuvimos que venir a Miami para conocer a estos profesionales, ya que Bravo ni siquiera le había notificado a la Procuraduría. En efecto, la demanda era un intento de incautación aquí. Aquí está un informe de la gerente de la AGD, Katia Torres (menciona que el estudio jurídico contratado es Squire, Sanders & Dempsey). Lo increíble de esto es que los abogados se habían comprometido a contratar a un estudio jurídico en Ecuador para que los asesore, y ese estudio era el de Juan Falconí Puig, y estaban comprometidos $ 300.000 para ese estudio. Obviamente se ordenó no pagar ese monto ni continuar con esa asesoría. En efecto, iniciar el proceso en Florida no fue lo más adecuado.

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Ustedes abandonaron ese juicio.
Mientras yo estuve a cargo no fue así. Después del 2012, cuando yo no estaba, en efecto el Gobierno abandonó el proceso. Entonces usted me pregunta qué quieren hacer con la crisis, eso precisamente. Abandonaron también el proceso en Panamá. Al haber perdido el proceso en Miami, les está dando el derecho a los exaccionistas de Filanbanco a reclamar. Es responsabilidad de Rafael (Correa) el no haber exigido saber qué estaba pasando. Los dejaron morir.

Pero el presidente tiene este tema muy presente...
Pero de boca para afuera. Rafael lo único que está haciendo es bla bla, porque no ha hablado, no ha exigido. Yo le podía decir a Rafael las cosas a pesar de las críticas de Mera, Patiño y otros que podían chillar y patalear. Recuerde usted que cuando se creó la AGD se lo hizo por ley, cuando desapareció la AGD se transfirieron sus derechos, por ley, al fideicomiso, pero Rafael desapareció el fideicomiso por decreto, por lo tanto, no hay sucesor de los derechos que tenía el fideicomiso. ¿Entonces, quién va a representar al Estado en el cobro de las deudas? Ese es el truco de no hacer nada porque ya no hay sucesor en derecho...

¿Qué tiene que ver eso con la ley de deudores de buena fe?
Para mí, los deudores de buena fe son máximo unos mil. Su problema es que supuestamente pagaron pero no tienen las pruebas.

Cuando usted se hizo cargo del tema, ¿a cuánto ascendían las deudas por cobrar?
El hueco patrimonial de la banca quebrada era de $ 3.500 millones. La cartera de créditos estaba en $ 1.000 millones lo que no estaba castigado y $ 1.500 millones lo que ya estaba castigado. Publiqué los listados de estos deudores en la prensa para comenzar los cobros. Pero, por ejemplo, cuando quisimos cobrar a la pesquera Jambelí, resulta que ya había vendido sus barcos y ya estaba liquidada. Lo que hicimos entonces fue demandar por liquidación fraudulenta, pero en esas acciones también iban a aparecer implicados no solo los exaccionistas de esas compañías, sino también los superintendentes de Compañías que permitieron eso y los abogados que prepararon los procesos. Pero con esta nueva ley, todas las transferencias de dominios que se hicieron antes del 2008 son lícitas, esa genialidad, que debió ser de Alexis (Mera), significa que estos deudores ya no van a tener que pagar. Este es el caso de (el fiscal general Galo) Chiriboga y la empresa Empagran (del grupo Estrada), que aducen haber pagado la deuda a una empresa panameña. Lo único que está haciendo esta ley es santificar esta situación. Los deudores de buena fe, en términos de valores absolutos, no superan los dos o tres millones de dólares.

¿Por qué hacen esta ley entonces?
Para cubrirse por la ineptitud de no haber hecho nada. Si usted mañana por esta ley, una deuda de $ 1.000 se perdona al deudor, pero ese monto debía ser descontado del hueco patrimonial que había dejado el banco, entonces mañana estos grupos (de exbanqueros) podrán demandar al Estado ecuatoriano por haber perdonado deudas y por haber entregado activos sin la debida valoración. Acuérdese del vuelto que son como $ 140 millones. ¿Ahora se da cuenta de los intereses que yo estaba afectando con mi gestión? Cuando publiqué la lista de deudores estaba el nombre de Enrique Cadena, y enseguida me llamaron para decirme que por qué hacía eso, que era ilegal.

Esa cartera que tenía a su cargo el BCE la entregó a varios abogados para su cobro, entregando un porcentaje.
La mayoría de ese cobro de cartera se lo hacía con abogados propios y con abogados externos, solo en el caso de que hubiera ya un proceso mucho más complejo. Los contratos se hacían por resultados, pagando un porcentaje de lo cobrado. Cuando me posesiono en el BCE, me topo con una sorpresa en la que me pedían una reunión con Gutemberg Vera, por unos contratos. Antes de confirmar la cita pedí información, pero el abogado Gutemberg Vera no aparecía como abogado externo. Me llama Alexis Mera... Al abogado Vera le habían dado, sin inventario: ‘Ahí hay esos créditos, anda y cobra’. Entonces me llama Alexis y me dice: ‘Ve, hay un compromiso con el presidente porque tú sabes que el abogado Gutemberg Vera es el abogado de él en el tema de Diario EL UNIVERSO y se le asignó esto para que cubra sus honorarios’. Les respondí que yo iba a revisar eso porque no me podían pedir que pague en valores importantes algo que desconozco.

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¿Usted no conocía de esos contratos?
No, me entero de eso cuando entro al BCE.

Nosotros publicamos algo de eso, pero como tercerizadores.
La diferencia era de que nosotros éramos meticulosos con esos listados. Se armaban deudas mezcladas carne y hueso, y se pagaba por resultados. Pero en el caso del abogado Vera, las cosas no cuadraban porque había pagarés que no estaban en el BCE sino que cogieron una lista y se la entregaron.

¿Quién lo hizo?
El que estaba de presidente del BCE antes, Diego Borja.

¿Por orden del presidente Correa?
No puedo saber quién le dio la orden a Borja. Lo que sé es que Alexis me llamó. Me reuní con el abogado (Gutemberg) Vera en mi oficina en Quito y en Guayaquil y lo que llegamos a hacer es vamos a ir revisando estos temas caso por caso, porque así no funciona.

¿Y por qué Vera no aparecía?
Porque claramente él mencionó que había otros abogados trabajando con él. Y Alexis me dijo: ‘Obviamente por intereses, él no puede aparecer’. Pero Alexis era el que estaba pidiendo eso.

Él era el abogado del presidente en un caso contra EL UNIVERSO que decía presentar como ciudadano.
Eso lo sabe todo el mundo en Ecuador, las razones por qué lo contratan yo no sé. Lo que sé es que me pidió cita por esos contratos. Y le dije: Abogado, usted no tiene ningún contrato, lo siento mucho. No me acuerdo los nombres de quiénes eran los abogados que trabajaban con él.

¿De cuánto estamos hablando?
En anticipos había como $ 1 millón. Pero había operaciones que ya se habían pagado y otras que no tenían que ver con el BCE. Y después ya no tuve contacto con el abogado Vera. (I)

La mayoría de ese cobro de cartera (a cargo del BCE) se lo hacía con abogados propios y con abogados externos, solo en el caso de un proceso mucho más complejo. Los contratos se hacían por resultados.