"Están haciendo una tormenta en un vaso de agua". Así se refirió este martes el superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, al supuesto "arreglo" que se generó en la transitoria sexta en la impresión de 300.000 textos de bolsillo de la Ley de Comunicación que imprimió la Superintendencia de Comunicación (Supercom).

El organismo imprimió 300.000 leyes de Comunicación de bolsillo en los que se observa la corrección del segundo inciso de la transitoria sexta de la ley, que expresa que la gradualidad para la difusión de los contenidos musicales se cumplirá según el "artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley, empezando con el 20% en el primer año, 35% en el segundo y 50% en el tercero".

Sin embargo, lo correcto es el artículo 103, sobre la "difusión de los contenidos musicales", pues el 102 se refiere al fomento de la producción nacional.

La Asamblea Nacional le solicitó información sobre esta redacción y Ochoa informó este martes a la prensa que el 18 de julio pasado les contestó que se "generó un error de transcripción", y que la Supercom "no ha dispuesto ni ordenado ninguna modificación de la ley".

Ochoa opinó que, luego de la publicación de Diario EL UNIVERSO sobre este tema, "en los últimos días se han generado comentarios en su gran mayoría equivocados", y agregó que "no ha planteado ningún proceso administrativo por el incumplimiento de la transitoria sexta de la ley, sino que se aplicó el artículo 103 de la ley. Tengamos en cuenta que (los ejemplares de bolsillo) son objetos de trabajo, la ley no se puede cambiar".

Y ante las preguntas de los periodistas de que la Superintendencia sancionó a once radios mencionando la transitoria sexta, y el artículo 103, la autoridad respondió: "Los procesos no se basan en la transitoria sexta, la infracción se genera en el artículo 103. Lo que hace la transitoria es establecer la gradualidad, pero en ningún momento, es decir, complementa lo que dice el artículo 103. La transitoria no está por encima de la ley".

Respecto de la querella que planteó la organización no gubernamental Fundamedios y el Colegio de Abogados de Pichincha, sobre el supuesto cometimiento del delito de "uso de documento falso", el Superintendente precisó que eso le corresponde investigar a la Fiscalía del Estado.

Ochoa anunció que en unos 30 días solicitará a la Asamblea Nacional publique una fe de erratas para corregir este error en la norma publicada en el Registro Oficial en junio del 2013. (I)