Carteles de proveedores del Estado impagos pidiendo sus haberes atrasados de 2015 y del 2016 o advirtiendo que están por quebrar coparon, hace dos semanas, los bajos del Ministerio de Finanzas y del Palacio de Carondelet. A ellos se sumaron, en estos días, universidades del país que denuncian pagos pendientes por siete meses.

Dichas deudas bordearían los $ 937 millones entre el 1 de enero y el 13 de julio de 2016, según la web del Ministerio.

Jaime Carrera, director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal, indica que los atrasos a proveedores pueden medirse a través del reporte del Gobierno sobre el presupuesto (facturado) devengado y el realmente pagado.

Desde el inicio del año al 13 de julio, el Gobierno ha facturado $ 4.853,61 millones en bienes y servicios de consumo y de inversión, obras públicas y transferencias y donaciones corrientes, pero lo efectivamente pagado llega a $ 3.916,46 millones. Así, los atrasos en el presupuesto, solo en estos rubros, llegarían a $ 937 millones.

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Entre los proveedores que protestan están representantes de empresas que entregaron bienes y servicios relacionados con la informática, materiales de oficina, limpieza y otros.

Daniela Chaparra, representante de una proveedora de software, cuenta que dio servicios a entidades públicas el año pasado, pero no le permitieron facturar sino recién este año.

Después de varios trámites consiguió su CUR (Comprobante Único de Registro), pero le indicaron que se le pagará conforme lleguen los recursos a Finanzas. “Tenemos problemas de liquidez, que nos ponen en riesgo de quiebra, incluso tengo pagos que no me reconocen como de Enfarma, empresa (para fabricar medicinas) que ya va a desaparecer”, comenta.

Y agrega que si el Estado tiene problemas de liquidez, no debería contratar bienes y servicios que no podrá pagar.

Otro sector que sigue impago es el de la construcción. El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), Silverio Durán, explica que hace tres semanas el Gobierno empezó a pagar algo, pero no lo que se esperaba. Sus socios le han indicado que el problema ahora está centralizado en Finanzas.

Tras realizar una serie de gestiones logran conseguir el CUR, pero ahí “empieza el calvario”, comenta. La respuesta que da el Ministerio es que los fondos “están por venir”.

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Persisten, también, los atrasos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). Guillermo Herrera, prefecto de Carchi, señala que la deuda oscila entre $ 200 y $ 330 millones por tres rubros.

Primero, no se han pagado las rentas mensuales de junio y julio, solo se canceló lo adeudado de abril y mayo recientemente. Segundo, se adeuda lo correspondiente a las competencias de riego, tanto del 2015 como del 2016. Y tercero, no se ha cumplido con la devolución del impuesto al valor agregado (IVA) en quince meses.

Según Herrera, es que el Gobierno central no tiene un plan de pagos que les permita a los locales hacer planificación.

El Gobierno ha logrado concretar financiamiento extranjero con el cual ha ido cubriendo necesidades inmediatas. En junio pasado llegaron $ 1.500 millones desde China que sirvieron, en parte, para pagar a los GAD, y hace diez días se aprobó un crédito de desembolso inmediato con el Fondo Monetario Internacional.

El organismo multilateral indicó que el Ecuador se comprometió a reprogramar las prioridades del gasto de capital y a suspender los proyectos de baja prioridad. Asimismo, tienen la voluntad de evitar incrementar el saldo de atrasos. (I)

Deudas
Sectores

Instituciones
Según el Ministerio de Finanzas, las entidades públicas con más deudas son los ministerios de Salud, Electricidad, Obras Públicas y Defensa, así como Inmobiliar y la Policía Nacional.

Construcción
Según un sondeo realizado a 120 socios de la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), a causa de la crisis del sector, el 32% de profesionales y el 54% de mano de obra no calificada han sido separados.