A las 07:20 de ayer partió a La Habana un segundo vuelo con 46 cubanos. Así suman 75 los deportados en 48 horas por supuestamente no justificar su estancia legal en Ecuador, según el Ministerio del Interior.

Cubanos que presenciaron ese nuevo operativo contaron que empezó pasada la 01:00, cuando tres buses se apostaron afuera del Centro de Acogida Temporal Hotel Carrión y de la Unidad de Flagrancia. Caridad, madre de dos deportados, dice que subieron unas 70 personas. Llorando trataba de averiguar por teléfono si su hijo Cristian, de 19 años, llegó a Cuba y en manos de qué autoridades estaba. Un día antes, la mujer que llegó a Ecuador hace año y medio vivió la misma desesperación, dice, pues su hijo Lázaro, de 25 años, era también deportado con 28 compatriotas.

Ella no entiende cómo es que “solo viajaron 46 y uno de los buses retornó, cerca de las 07:00, con 24 cubanos”.

Francisco Hurtado, abogado de los extranjeros, denunció que aunque había resoluciones de libertad para algunos, se los deportó, y que no coinciden los datos oficiales. “Según la Defensoría del Pueblo, la madrugada del sábado, 70 personas fueron trasladadas al aeropuerto. Dijo que eran 35 los que viajaron y el Ministerio del Interior habló de 29 personas”.

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La Fiscalía reporta haber recibido 151 partes de ciudadanos que estaban de forma irregular. Estos fueron retenidos la madrugada del jueves en el parque El Arbolito, en el denominado Campamento Cuba. Desde ahí los cubanos pedían a México la entrega de una visa humanitaria para llegar a EE.UU.

Con gritos y señas desde la calle Carrión, familiares de los entre 49 y 50 cubanos que aún permanecen en el tercer piso del Hotel Carrión trataban de comunicarse. Les pedían agua, comida, otros, recargas a su celular para hablar con su familia e incluso uno pedía medicina porque tenía la rodilla dañada.

Pese a que el Ministerio del Interior ha insistido en dos boletines que se han respetado los derechos humanos, los cubanos apostados afuera del Hotel Carrión dicen que “alguien deberá pagar por las constantes violaciones de derechos”. Anuncian demandas internacionales.

Para Daniela Salazar, abogada experta en derechos humanos, las deportaciones no debieron darse hasta evacuar los recursos como el habeas corpus o pedidos de refugio que unos hicieron en la audiencia.

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A la Defensoría del Pueblo le preocupa que las decisiones judiciales sobre la deportación puedan estar sometidas a una nueva instancia administrativa, como lo establecen los artículos 28 y 29 de la Ley de Migración. Esto a propósito de que varios jueces de contravenciones, pese a que negaron deportarlos, elevaron en consulta del Ministro del Interior la deportación. “Dichos artículos son inconstitucionales porque estarían en contradicción con el principio de independencia judicial..., lo que hemos sostenido en el proceso que se sustenta en la Corte Constitucional (CC)”, señala el pronunciamiento del defensor Ramiro Rivadeneira.

Considera urgente que la CC resuelva el conflicto jurídico que “afecta los derechos” de las personas en movilidad y solicita al Ministerio del Interior no aplicar esas normas hasta que la Corte lo resuelva. (I)