Jorge Zavala Egas, abogado de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum (exdueños del extinto Filanbanco), rechazó este miércoles los comentarios emitidos por el canciller de Ecuador, Guillaume Long, al anunciar el pasasdo lunes en rueda de prensa el dictamen del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre sus defendidos.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas hizo público el pasado 6 de junio un dictamen sobre la comunicación enviada por los hermanos Isaías, donde alegaban la supuesta vulneración, por parte del Estado ecuatoriano, de derechos estipulados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Comité consideró que el mandato Constituyente Nº 13, "que prohibió de manera expresa la interposición de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial contra las resoluciones de la AGD e incluyó la instrucción de destituir, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar, a los jueces que avocaren conocimiento de este tipo de acciones, violó el derecho de los autores bajo el artículo 14 (1) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a un proceso con las debidas garantías en determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil".

Al respecto, el canciller Long anunció el pasado lunes que el organismo internacional no habría aceptado las alegaciones de los Isaías sobre las presuntas violaciones en los procesos seguidos en su contra, y que la condena en Ecuador habría constituido en una persecusión.

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"No entiendo el afán de engañar, confundir, manipular la opinión pública cuando Ginebra, el tribunal del mundo, en cuanto a derechos humanos, el más alto tribunal del planeta en la justicia de Derechos Humanos dice en el mandato 13 que violó el derecho de los autores", dijo Zavala esta mañana al noticiero de Teleamazonas.

Los hermanos Isaías fueron juzgados en ausencia por el delito de peculado bancario, por malversación, a cumplir 8 años de reclusión. Zavala Egas consideró que el Estado ecuatoriano supuestamente violó el derecho a las debidas garantías de sus defendidos y que por esto se condenó al Estado a una plena reparación.

La defensa de los exbanqueros indicó que las propiedades incautadas por el Estado deben ser devueltas a los acusados en un plazo de 180 días, al mismo tiempo, las autoridades ecuatorianas deberán presentar su respuesta al dictamen. Agregó que en cuanto al estado de los bienes incautados, "las empresas en quiebra, sin valor, se tienen que pagar a las víctimas de la vulneración de los derechos, el precio equivalente a esos bienes".

Extradición

Señaló que se nombrará a un juez ejecutor de Ginebra para que se encargue de monitorear la condena al Estado ecuatoriano. Agregó que en el caso de no cumplir, el Comité tomará las medidas para que efectúe el fallo.

"El Ecuador firmó y ratificó el protocolo facultativo del Pacto Internacional donde precisamente le dice a Ginebra que son competentes y reconocen la competencia para poder condenarlos al Estado ecuatoriano”, expresó.

Con respecto a la extradicción, dijo que ha sido rechazada porque el Gobierno norteamericano exige al ecuatoriano que cumpla con el convenio de extradicción que dice: "demuéstreme señor que ha habido apropiación de fondos, sustracción de fondos por parte de los hermanos Isaías y como no me lo dice ninguna sentencia del Ecuador, rechazo porque no se cumple con el convenio", puntualizó. (I)