Supuestas violaciones a los derechos humanos, impactos psicoemocionales y sociopolíticos a nivel individual, familiar y comunitario en los casos de Luisa Lozano y Amable Angamarca, sentenciados a cuatro años de cárcel por el delito de obstrucción de servicio público en las manifestaciones del cantón Saraguro (Loja), en agosto de 2015, son parte de los resultados del Informe Psicosocial y Violaciones de Derechos Humanos, Caso Saraguro.

Unos quince profesionales de diversas ramas (psicólogos, abogados, sociólogos, médicos...) reunidos en el Colectivo de Investigación Acción Psicosocial elaboraron el documento, tras analizar la situación de ambos procesados.

Fernanda Solís, integrante del grupo, señaló que el objetivo del informe es generar insumos científicos y técnicos que las comunidades puedan utilizar en sus procesos de defensa judiciales y políticos.

Según Solís, el informe denuncia que como consecuencia de graves violaciones a derechos humanos detectadas (detención arbitraria, violación a la integridad física y psicológica, se vulneró el derecho a la inviolabilidad de domicilios y al debido proceso) antes, durante y luego de la detención de Angamarca y Lozano se generaron impactos sociales, psicológicos y algunas consecuencias económicas y políticas en los involucrados y sus familias.

Dentro de los impactos sociales, señala el informe, estaría la generación de un estigma social y político de que los Saraguros son un pueblo violento.

En lo que respecta a impactos psicoemocionales, los analizados y varios de sus familiares habrían presentado estados de ansiedad, retraimiento, tendencia al aislamiento, sufrimiento mental severo...

Lozano y Angamarca fueron los únicos dos sentenciados del primer grupo de diez involucrados dentro de un caso que investigó a 29 personas por el delito de obstrucción de servicio público; 12 de los 19 imputados del segundo grupo espera la audiencia de juicio.

Representantes del Colectivo aseguraron que el informe y sus resultados serán entregados a diversas instancias públicas, así como a instituciones internacionales sobre derechos humanos. (I)