Nuevos procesos legales podría enfrentar el exgerente de Petroecuador Álex Bravo, detenido para investigaciones por supuesto tráfico de influencias.

Según el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, hay una denuncia sobre presuntos pagos en el exterior de contratistas petroleros a las cuentas de Bravo a través de compañías, lo cual –dijo– configuraría el delito de cohecho.

“He presentado un escrito pidiendo la asistencia penal internacional de las autoridades de Panamá para analizar si podemos verificar esa información”, agregó Mera la noche del pasado lunes al término de la audiencia de formulación de cargos en la Unidad de Flagrancia de Pichincha.

En ese acto judicial, Franklin Bravo, fiscal de Delitos contra la Administración Pública, formuló cargos por la presunta participación del exfuncionario en tráfico de influencias.

Publicidad

Víctor Manuel Andrade, abogado defensor de Álex Bravo, dijo que en las próximas horas será notificado con el juez competente para la causa y agregó que realiza una defensa técnica directamente. Aclaró que prefiere no dar entrevistas.

La jueza Fátima Llundo ordenó la prisión preventiva del extitular de Petroecuador y el inicio de la instrucción fiscal, que durará 90 días. Ese lapso, a decir de Alexis Mera, permitirá seguir con las investigaciones.

Lea también: De qué se acusa al exgerente de Petroecuador Álex Bravo

El caso del exgerente de Petroecuador EP aún no se sortea en la sala respectiva de la Función Judicial de Pichincha. Mediante este procedimiento se le asignará un juzgado de garantías penales. En la página web de la Función Judicial solo constaba hasta ayer la audiencia de formulación de cargos.

Según la Fiscalía, el tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Integral Penal y la pena privativa de libertad es de hasta 5 años. (I)

Panama Papers
Prohibición a bancos

Desinversión
Convocado sobre los Panama Papers, el superintendente de Bancos, Christian Cruz, dijo ayer en la Asamblea que con el marco legal vigente los bancos no pueden tener subsidiarias en paraísos fiscales y deben entrar en procesos de desinversión, esto incluye a Panamá.