El 68% de los encuestados por la agencia Datafolha, cuyos resultados fueron publicados el fin de semana, quiere que los legisladores voten para llevar a la mandataria Dilma Rousseff a un juicio político (impeachment). La cifra es 8 puntos superior a la de febrero, según el diario Folha, de S. Paulo.

El mayor aumento porcentual estuvo entre los adinerados, quienes apoyaron la destitución de Rousseff en un 74%.

Esto mientras ayer se conoció que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recurrió al Tribunal Supremo Federal o Corte Suprema para evitar que el proceso abierto en su contra vuelva a la jurisdicción del juez Sergio Moro, el responsable del caso de corrupción en Petrobras y quien se ha convertido en su piedra en el zapato.

El viernes último, Gilmar Mendes, magistrado del Tribunal Supremo, anuló el nombramiento de Lula como jefe de Gabinete. Con esta decisión, el exmandatario no puede gozar de la inmunidad que le da su cargo para evitar ser investigado y llevado a prisión por tribunales menores, como el dirigido por el juez Moro.

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Mendes también dispuso ese día que la causa por corrupción contra Lula regrese al tribunal de Moro, en Curitiba.

Los abogados de Lula da Silva habrían argumentado que el magistrado Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso en contra de Lula, investigado por supuesto lavado de dinero y falsificación, publicó ayer la web del diario argentino La Nación.

Por ello le pidieron a otro juez supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su par hasta que el pleno de la corte se reúna y analice el caso.

Los juristas de Lula dijeron que el juez Moro puso escuchas supuestamente ilegales en contra de Lula, de su familia, de su bufete de abogados y de la mandataria Dilma Rousseff.

Moro, en su momento, alegó que los teléfonos intervenidos eran de Lula no de Dilma.

Ayer se conoció también que la Abogacía del Estado pidió al Tribunal Supremo que ordene suspender todas las acciones judiciales que impedirían que Lula asuma su cargo. El gobierno espera que el exmandatario y ahora ministro de Gobierno pueda comenzar a despachar desde mañana.

Ayer, un senador del mayor partido de la coalición de Gobierno aseguró que la alianza carece de los votos en el Senado para derrotar el pedido de remoción de Dilma, si es aprobado por la Cámara Baja, que inició días atrás los procedimientos de un juicio político contra la presidenta por supuestamente manipular las cuentas fiscales en 2014 (para su reelección) y 2015. (I)

Justicia
Reacción de la policía

Ante advertencia
La Policía brasileña criticó al nuevo ministro de Justicia, Eugenio Aragao, por decir que castigará a los investigadores si sospecha que filtraron información en alguna de las causas por corrupción del primer nivel político.