El primer paquete de enmiendas constitucionales está vigente desde ayer que fueron publicadas en el Registro Oficial. A partir de esta fecha corren 30 días para que los interesados presenten demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC).

El plazo lo impone la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional en el numeral 6 del artículo 106, en el que también señala que las enmiendas que se tramitan a través de la Asamblea pueden ser demandadas por vicios de forma y procedimiento en su trámite y aprobación.

El examen de los vicios formales incluye el análisis de la competencia de la Asamblea para reformar la Constitución.

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Ayer, Unidad Popular (UP) fue la primera agrupación política que presentó su demanda de inconstitucionalidad.

Su director, Geovanny Atarihuana, dijo que si bien la Ley de Garantías solo permite demandas por la forma, por encima está la Constitución que señala que se puede objetar todo aquello que afecte derechos.

Atarihuana manifestó que la demanda se enfoca en las enmiendas relacionadas con la reelección indefinida para todas las autoridades, las Fuerzas Armadas en la seguridad integral, los “límites” a la consulta popular y los trabajadores del sector público.

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El dirigente dice que no tiene esperanzas en la CC, pero quiere dejar precedente para luego ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El asambleísta Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) dijo que él presentará en la primera semana de enero su demanda por la forma en contra de algunas enmiendas, en especial las que fueron modificadas para el segundo debate y las nuevas que se incluyeron: las disposiciones transitorias sobre la fecha de vigencia de la reelección indefinida y la disposición general que faculta a la Asamblea a legislar sobre las enmiendas.

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Torres deploró el pronunciamiento de los jueces de la Corte sobre las transitorias incluidas por la Asamblea y agregó que adelantaron criterios sobre un tema que es parte de la forma y que puede ser objeto de demanda de inconstitucionalidad.

Mientras, Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral, señaló que preparan una demanda en contra de la frase de la enmienda laboral que dice que solo el sector privado gozará de contratación colectiva.

Ibarra dice que la frase atenta contra los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 98 y 111 sobre contratación colectiva y discriminación. Esperan presentar antes de fin de año.

Otros grupos que anunciaron recursos son Compromiso Ecuador y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). (I)

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