Miércoles 10 de diciembre de 2014. Un mural es desvelado al pie de la sede de la Fiscalía, en Quito. Frente a esta muralla de rostros, del lado izquierdo, están los que aluden a los perpetradores de la operación Cóndor –una política de represión ejecutada por las dictaduras militares de la época con ayuda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de EE.UU.– y al expresidente León Febres-Cordero (quien gobernó el país en el periodo 1984-1988). Del lado derecho están los que representan a la matanza de los trabajadores del Ingenio Aztra (1977), a los desaparecidos hermanos Restrepo (1988) junto a frases como “Las Dolores” (caso de ejecuciones extrajudiciales de 2003)...

La obra titulada Un grito de la memoria fue contratada por la Fiscalía como un acto de reparación frente a las víctimas de casos de violación a los derechos humanos en Ecuador y en América Latina, según consta en un documental publicado, el 2 de diciembre pasado, en el sitio en internet de la entidad.

Jueves 3 de diciembre de 2015. La Policía detiene en las inmediaciones del parque El Arbolito, en Quito, a 32 personas en medio de protestas contra el actual régimen por la aprobación de las denominadas enmiendas constitucionales.

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Al día siguiente, 21 de los detenidos son presentados ante el juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Infracciones Flagrantes de Quito, quien en una audiencia colectiva y sin que se escuchen los testimonios de cada uno los sanciona a 15 días de prisión y al pago de $ 4.200 a 4 policías ($ 200 por cada detenido) por la contravención de proferir “expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra”.

Niegan habeas corpus

Tras estar siete días en prisión, el jueves último, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha no les concedió el recurso de habeas corpus que habían solicitado. Sucedió el día en que se conmemoraron los 67 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se centra en la celebración del medio siglo de la firma de los pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el de los Derechos Civiles y Políticos ratificados, en su orden, por 164 y 168 estados. Ecuador ha ratificado ambos pactos en los que se establece un conjunto de derechos como la libertad de expresión, de reunión...

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El cumplimiento de estos derechos a las libertades es lo que, a consideración de defensores y dirigentes de DD.HH., está en retroceso en el país.

Luis Saavedra, coordinador de la Fundación Regional de Asesoría en DD.HH. (Inredh), dice que en el caso de los 21 detenidos en El Arbolito no se ha respetado el derecho al debido proceso porque no se ha esclarecido la participación específica de los acusados en la contravención señalada.

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Esta sanción se impuso pese a que tres de los policías que comparecieron en la etapa de prueba dijeron que quienes supuestamente los insultaban tenían el rostro cubierto, por lo que no podían identificar a los agresores, según la transcripción del proceso publicado en el sitio en internet de la Función Judicial.

El Gobierno, por su parte, considera que los detenidos actúan con violencia contra los policías. El ministro del Interior, José Serrano, escribió el 4 de diciembre en su cuenta de la red social Twitter: “Mientras la Democracia triunfa en Asamblea, así agreden a los hombres y mujeres Policías q evitaban confrontaciones” (sic).

Un mismo argumento tiene el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, quien lidera el organismo encargado de las investigaciones de los procesos en la Función Judicial: “Yo no puedo ... por mi derecho a la resistencia venir y poner una bomba en la Plaza de la Independencia”, afirma a este Diario.

La visión del Gobierno frente a los DD.HH. se replica en talleres como el realizado esta semana por la Central Única de Trabajadores –una organización sindical afín al régimen– en su sede en Guayaquil con el tema ‘Derechos humanos y el socialismo del siglo XXI’. Allí, los expositores señalaban que en el país se han dado avances en los derechos económicos y sociales como un mayor acceso a la salud y a la educación. Y les pidieron a unos 30 trabajadores del sector público que asistieron que replicaran ese argumento.

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ONGs de derechos humanos con visión diferente

La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), por su parte, registra que de las 61 personas detenidas en medio de las manifestaciones contra el régimen de agosto pasado, 54 están siendo procesadas. De ellas, a 5 ya se las sentenció por el delito de ataque o resistencia: tres con penas de seis meses de prisión; una, de cuatro meses, y otra, de dos. Además, cada una debe pagar $ 1.062.

Entre los que esperan la continuación de sus procesos están los que fueron detenidos el 17 de agosto pasado en Saraguro (Loja), en medio de gases lacrimógenos y el uso de bastones eléctricos, según testimonios recogidos por Inredh. Ellos están acusados por la Fiscalía de paralizar el servicio público.

A estos casos se suma el de la muerte del shuar Bosco Wisuma en las protestas contra el actual régimen en septiembre de 2009, en Morona Santiago.

Tras estas manifestaciones, el asambleísta José Acacho y el dirigente Pedro Mashiant fueron condenados, en julio de 2013, a doce años de prisión por terrorismo organizado. También está el caso de las diez personas detenidas en un departamento del barrio quiteño de Luluncoto en 2012. El Ministerio del Interior las acusó de preparar “actos subversivos” y de estar vinculadas con la explosión de bombas panfletarias. Luego fueron sentenciadas a un año de prisión por “tentativa de terrorismo”.

Elsie Monge, directora ejecutiva de la Cedhu, afirma que la criminalización de la protesta social en Ecuador es grave porque, además, se da en medio de una humanización de la legislación internacional en torno a los DD.HH.: “Ahora hay presión para la rendición de cuentas por parte de los estados”.

Ecuador ha ratificado la Convención Americana sobre DD.HH., que entró en vigencia en julio de 1978, con otros 24 países del continente. Sin embargo, Trinidad y Tobago (en mayo de 1998) y Venezuela (en septiembre de 2012) denunciaron el tratado, por lo que la Corte Interamericana de DD.HH. –órgano judicial creado por la Convención para que sentencie posibles casos de violaciones a los DD.HH.– ya no puede actuar en esos países desde esas fechas.

Billy Navarrete, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los DD.HH., considera que la posición de Venezuela es una muestra de que negarse a acatar la legislación internacional sobre este tema rebasa cualquier tipo de ideologías: “Los actores pueden cambiar, pero las circunstancias de impunidad de encubrimientos son las mismas”, dice respecto de la muerte de 41 personas en 2014 en medio de manifestaciones contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Para el coordinador de Inredh, esto responde a que la defensa de los DD.HH. es una opción política porque implica enfrentarse al poder: “Una concepción de derecha es que los derechos fundamentales son las libertades..., los de izquierda dicen que los fundamentales son los derechos económicos, sociales... Ambos son importantes”.

Navarrete considera que los derechos de la libertad de expresión, de reunión, son fundamentales debido a que marcan el camino para exigir la concreción del resto de derechos. (I)

Los detenidos de agosto pasado en diversas ciudades fueron a audiencias muy similares en las que fiscales repitieron un discurso de memoria”.Luis Saavedra, De Inredh