La empresa MCSquared PR Inc declaró al Departamento de Justicia de Estados Unidos que, como parte de su contrato con el Gobierno, realizó gastos para actividades “no registrables” por $ 3,6 millones.

La firma suscribió en mayo de 2013 –a través de la entonces embajadora en Washington, Nathalie Cely– un contrato por $ 6,4 millones para realizar una campaña internacional de relaciones públicas y comunicación para posicionar la imagen del Gobierno y contrarrestar la de la petrolera Chevron.

La relación finalizó en abril de 2014. Luego, la Fiscalía y la Contraloría iniciaron investigaciones que no concluyeron en irregularidades.

Sin embargo, a la par de las indagaciones en Ecuador, MCSquared presentó el pasado 23 de febrero a las autoridades estadounidenses (a quienes, por mandato legal, tiene que rendir cuentas de sus contratos con extranjeros) una rectificación o enmienda en la que aclara: “Además de los desembolsos para actividades registrables (...), se realizaron desembolsos por un total de $ 3’604.859,08 para actividades no registrables relativas a la aplicación de la estrategia global de relaciones públicas (...) en jurisdicciones fuera de los Estados Unidos”.

En septiembre de 2014, según documentos del Departamento de Justicia, MCSquared justificó el gasto de $ 1,9 millones, entre los que constan trabajos para la campaña La mano sucia de Chevron y para una visita del presidente Rafael Correa a Estados Unidos. En ese reporte quedaron $ 4,5 millones sin desglosar.

La directora de la firma, María del Carmen Garay, defendió el cumplimiento del contrato ante los auditores de la Contraloría. Ella y su esposo, Danilo Roggiero Cevallos, crearon en Ecuador la empresa Maverickom. El pasado 19 de octubre, la Superintendencia de Compañías resolvió declararla disuelta, con lo que inicia su proceso de liquidación, pues tenía $ 201.330,96 en pérdidas.

Desde el año 2014, este Diario ha tratado de hablar con los propietarios de MCSquared sin obtener respuesta. El viernes pasado, se le envió un correo al abogado Rodrigo da Silva, que intercedió por la firma, para consultarle sobre los $ 3,6 millones de actividades no registrables, pero hasta el cierre de esta edición no contestó. (I)