Con plantones quincenales y un proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social, distintas asociaciones de jubilados de los institutos de seguridad social civil, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pretenden contrarrestar la “crisis” de este sector.

La Coordinadora de Organizaciones de Jubilados del Ecuador reunió ayer a siete representantes de los jubilados y decenas de sus miembros, en uno de los auditorios de la Universidad Andina, para participar en una primera convención que se extendió alrededor de siete horas, con el objetivo de discutir las políticas gubernamentales aplicadas a la seguridad social, y que a su criterio, está llevando a una “crisis en los tres institutos”.

Entre sus preocupaciones está la eliminación del 40% del aporte estatal a la seguridad social, por lo que persistirán en su demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Justicia Laboral, que dio paso a esta medida, por lo que anuncian, además, plantear una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Francisco Ortiz, presidente de la Coordinadora, explicó que para exigir al Gobierno que restituya este aporte se realizarán plantones quincenales en siete provincias del país, y participarán en la convocatoria a la marcha que organizan los gremios sindicales para el próximo 11 de noviembre.

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Los jubilados reclaman el pago de $ 1.100 millones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), $ 330 millones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), y

$ 110 millones al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

“Pretendemos contribuir a los serios problemas que atraviesan los seguros sociales, gracias a las manos negras de los Gobiernos de turno”, comentó el dirigente.

Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados, anunció que pedirán una audiencia al presidente Rafael Correa para “exigirle que reconozca nuestros derechos y termine el maltrato y la humillación”.

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Aunque no plantean una fecha específica para presentar sus reformas a la Ley de Seguridad Social, Ortiz detalló que la propuesta es que el Consejo Directivo del IESS sea nombrado por los afiliados, jubilados, y pensionistas. “...Esto no es caja chica del Gobierno, pues sabemos que $ 700 millones se ha utilizado para el pago del bono de la pobreza, con dinero del IESS”, reclamó Ortiz. (I)

430
mil jubilados reporta en el país la coordinadora de gremios.