Human Rights Watch (HRW) sugirió este miércoles al Gobierno Nacional que desista "inmediatamente de sus ataques contra organizaciones independientes de derechos humanos en el Ecuador", a propósito del proceso de disolución de la ONG Fundamedios.

​Fundamedios, una organización que monitorea la libertad de expresión en el Ecuador, fue notifiada el martes con el inicio del proceso de disolución por intervenir y participar en actividades políticas, según la Secretaría de Comunicación (Secom).

"El cierre arbitrario de la organización violaría las obligaciones del gobierno de respetar y proteger los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de asociación", advirtió la HRW.

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Para Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch, "el gobierno de (Rafael) Correa desea castigar a una organización por tuitear artículos con noticias y opiniones que no le gustan. “Es un evidente abuso de poder y un ejemplo claro de las prácticas autoritarias de este gobierno”.

Uno de los tuits, con el mensaje “Salvador Quishpe habla sobre la situación política de Ecuador de cara al paro”, incluye un enlace a una entrevista en el portal de investigación en línea Ecuador Review, donde Quishpe, crítico del gobierno, se refiere a una protesta nacional de agosto.

Otro de los tuits dice: “Las encuestas revelan que los ciudadanos quieren consulta” y contiene un enlace a un artículo de un periódico de Ecuador, en el cual el director de una encuestadora sostiene que los ecuatorianos desean ser consultados sobre temas que van desde la propuesta para permitir la reelección presidencial indefinida, hasta la de extraer petróleo en el Parque Nacional Yasuní​.

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​Esta organización internacional calificó de "decreto ejecutivo vago", al documento emitido por el Gobierno en el 2013 para regular las actividades de las orgnizaciones no gubernamentales y que les obliga registrarse ente la Secretaría de Comunicación del Estado. En el 2015, emitió reformas a ese Decreto.

Para HRW, lo que debe hacer el Gobierno es suspender el proceso administrativo contra Fundamedios" y derogar dicho decreto "para cumplir con su obligación de proteger los derechos a la libertad expresión y asociación".

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Y citó el derecho internacional y lo aprobado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2003 sobre "el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.

​"​Si bien los derechos de libertad de expresión y asociación pueden estar sujetos a limitaciones, estas deben ajustarse a estándares estrictos, de modo tal que no obstaculicen indebidamente el ejercicio de tales derechos. Toda restricción deberá imponerse con arreglo a la ley, resultar necesaria en una sociedad democrática y ser proporcional al objetivo buscado, y no deberá afectar a los principios del pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras”​, señaló​.

Recordó que el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que el derecho de libertad de asociación “solo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

​Wilkinson insistió en que ​“​e​l intento del gobierno de Correa por eliminar a​ Fundamedios ​sol​o​ refuerza las graves preocupaciones que existen sobre las limitaciones a la libertad de expresión en Ecuador”. (I)

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